El Gobierno de Canarias amplía en dos años la revisión de los PGO de 17 municipios de La Palma, La Gomera y El Hierro

Actualizado: lunes, 15 septiembre 2008 20:35

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha ampliado por dos años el plazo máximo de tramitación de la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de 17 municipios del archipiélago, según informó hoy la propia Consejería a través de una nota.

En este sentido, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó hoy los anuncios relativos a esta Resolución de la Viceconsejería de Ordenación Territorial que afectará a Barlovento, El Paso, San Andrés y Sauces, Breña Alta, Puntagorda, Mazo, Tijarafe, Breña Baja, Fuencaliente, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y Garafía, en La Palma; a Valverde y La Frontera, en El Hierro; y a Valle Gran Rey, Alajeró y Agulo, en La Gomera.

Dicha Resolución se adoptará tras su aprobación por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), que el pasado 12 de mayo certificó la viabilidad jurídica de conceder dos años más para la ampliación del plazo de tramitación de los Planes Generales de Ordenación sobre los que no haya recaído el acuerdo de aprobación definitiva.

A día de hoy, 34 de los 87 municipios del archipiélago ya han culminado su adaptación plena al Decreto 1/2000, y de éstos, 11 a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias. En la fase de 'Aprobación Inicial' se encuentran 24 PGOU, que representan un 27,58 por ciento de los municipios mientras que 8 son los que tienen 'Aprobación Provisional'. Por todo ello, se prevé que el 90 por ciento de los planes generales estén adaptados al Texto Refundido y a las Directrices en 2009.

Para el viceconsejero de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Pulido, "el desbloqueo del planeamiento requiere de una responsabilidad compartida y la concertación de las diferentes administraciones públicas y de los sectores económicos y sociales implicados, entendiendo la gran dependencia que tienen el modelo de desarrollo económico y la protección de nuestros valores ecológicos y culturales".