27 de enero de 2020
  • Domingo, 26 de Enero
  • 23 de junio de 2009

    Gobierno canario y asociaciones trabajarán para que jurisdicción penal de las islas tenga una base de datos común

    LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

    La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, se comprometió hoy con los representantes de las asociaciones judiciales en el archipiélago a mejorar el acceso telemático de los jueces y magistrados al nuevo sistema de gestión procesal Atlante II, que está en proceso de implantación en los partidos judiciales de las islas.

    En la reunión, mantenida en la sede de la viceconsejería, en Las Palmas de Gran Canaria y a la que también asistió la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Dolores Alonso, los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de Jueces para la Democracia (JpD) y del Foro Judicial Independiente (FJI), destacaron la importancia de contar con una plataforma tecnológicamente avanzada que permita mejorar los tiempos de respuesta, según informó el Ejecutivo regional en un comunicado.

    En este sentido, ambas partes se comprometieron a trabajar conjuntamente para que la jurisdicción Penal de la Comunidad Autónoma de Canarias disponga de una base de datos común, tal y como existe en la jurisdicción Social y Contenciosa.

    Por otra parte, otro de los puntos tratados fue la aprobación de la Orden que regula el personal interino de la Administración de Justicia de Canarias y en la que se exige por vez primera superar un periodo de formación teórico práctica. Sobre este periodo formativo, las asociaciones plantearon algunas propuestas, que serán estudiadas por la Viceconsejería ante la próxima publicación de la convocatoria.

    Por último, la viceconsejera y las asociaciones coincidieron en destacar la utilidad social de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, y se comprometieron a promover las medidas adecuadas para su difusión entre los operadores jurídicos y los ciudadanos.