LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha culpado este jueves al Cabildo de Gran Canaria para alcanzar una solución respecto a las obras de la carretera de La Aldea de San Nicolás.
"El problema no lo está generando el Gobierno de Canarias, lo está generando el Cabildo que no quiere aceptar las mismas condiciones que se está aceptando para otras carreteras", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En este sentido, aseguró que si el Cabildo de Gran Canaria "tuviera interés en resolver este problema, lo tendría muy fácil", afirmando que el Ejecutivo regional puso en mayo la "solución en la mesa" de la institución insular.
Agregó que si el Cabildo de Gran Canaria "tiene recursos para prefinanciar la carretera, que los ponga con las mismas condiciones que lo van a hacer para la IV Fase de la Circunvalación, con las mismas que lo ha hecho el Cabildo de Tenerife", de tal forma que si colabora las obras finalizarán en 2015, si no en 2016.
Además, pidió al PP que se coordinen porque mientras el Cabildo pide al Ejecutivo regional que "se salte el objetivo del déficit", el Gobierno central "amenaza que si se incumple el objetivo del déficit, Canarias será intervenida", sobre lo que apuntó que el Gobierno autonómico "siempre ha cumplido el objetivo del déficit y va a seguir haciéndolo".
Asimismo, afirmó que si el Gobierno central hubiera recortado un 20 por ciento anualmente en el convenio de carreteras, como señaló ha ocurrido con Baleares en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la "carretera de La Aldea ya estaría hecha"; sin embargo, recordó que a Canarias se le ha recortado "un 75 por ciento".
PRESUPUESTOS
Por otro lado, subrayó que al Gobierno regional le parece "claramente insuficiente" el trabajo de los diputados canarios del PP en Madrid para aumentar partidas en los PGE para el archipiélago.
En este sentido, recordó que el "principal problema" de Canarias es la "defectuosa" financiación autonómica que actualmente implica que el archipiélago deje de recibir anualmente 800 millones de euros, por lo que apuntó el Gobierno regional debe mantener los servicios públicos esenciales con el dinero del Ejecutivo autonómico y para lo que destina "1.200 millones de euros al año".
Añadió que de recibir los 800 millones de euros, podrían invertir en otras cuestiones en el archipiélago pero el compromiso del Gobierno regional, dijo, "es mantener los servicios sociales".
