SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los planes generales canarios están capacitados y legitimados para garantizar la conservación y protección de edificios históricos, así como de su interior, según abogados urbanistas consultados.
Explicaron, en declaraciones a Europa Press, que son "instrumentos que determinan el crecimiento y los planeamientos de las ciudades, con lo que pueden garantizar y obligar, incluso, a la protección de inmuebles".
En este sentido, recordaron los ámbitos protegidos que se determinan en cada uno, de igual manera que determinan las alturas, la edificabilidad o las zonas de crecimiento o parques urbanos.
Reconocen que, si bien, "es potestad de los propietarios la conservación de los edificios, también es cierto que la concesión de permisos o los derribos son competencia absoluta de la administración local, aunque en el caso de edificios protegidos se ha de contar con un informe favorable del área insular de Patrimonio".
La protección de inmuebles catalogados va más allá de piezas aisladas, exponen los más conservadores, subrayando que "incluso en los muros de las casas hay explicaciones de los modelos de construcción e incluso revelan circunstancias históricas de esos modelo", si bien reconocen que es una opinión "más de urbanista y aficionado a la arquitectura que una normativa legal".
"Ejemplo de esta situación se encuentran, por ejemplo, el plan de Santa Cruz de Tenerife de comienzos de los años 80 en donde se delimitaron varios ámbitos en los que se prohibió, incluso, abrir puertas de garaje o derribar viviendas, afectando a lugares tan significativos como el barrio de El Tescal o el pasaje de San Lucas --junto al antiguo templo de masonería-- que finalmente fue derribado, tras su desafección como parte del entorno BIC del templo", exponen los legalistas.
