SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana, ha acusado al Gobierno de Canarias de estar incumpliendo el artículo 47 de la Constitución, que dispone que todos los españoles "tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".
En la sesión de control al Gobierno, Noemí Santana ha afirmado que la política de vivienda del Ejecutivo canario se ha quedado en "absolutamente nada", pues lleva desde 2012 "sin plan de vivienda", su regulación en cuanto al alquiler vacacional es "completamente ínfima e insuficiente", las ayudas para el alquiler en los presupuestos de 2019 "brillan por su ausencia" y la inversión en el parque de vivienda pública es "completamente insuficiente".
Santana señaló que, según la quinta entrega de 'Papeles de Economía Canaria', las islas arrastran un déficit de 40.000 viviendas y en cuatro años podrían faltar 100.000, lo que, según advierte la publicación, podría acarrear un aumento de precios, especialmente de los alquileres.
La secretaria general de Podemos Canarias se quejó de que, a pesar de esta situación, el Gobierno haya rechazado todas sus propuestas, como adquirir viviendas vacías, rehabilitar viviendas en situación de abandono o poner en marcha planes integrales de viviendas aprobados por el Parlamento de Canarias: "Sólo podemos resumir su política como la de aquí no hay quien viva".
En respuesta, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que no conoce ninguna política pública en el mundo que pueda garantizar el 100% del acceso a una vivienda. Asimismo, recordó que la política de vivienda del Ejecutivo canario no es unilateral, pues también la prestan los ayuntamientos y algunos cabildos. "Ahora parece que tenemos que ayudar a los constructores para que hagan viviendas cuando antes decían que éramos los reyes de la construcción", ironizó.
Fernando Clavijo quiso dejar claro que ninguna Comunidad Autónoma tiene 40.000 viviendas de parque público y afirmó que en el caso de Canarias una cifra así no se podría asumir como mercado, pues sólo se podrá modular mediante la ley de la oferta y la demanda.
