LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, José Manuel Soria, informó de que no pedirá la baja de militancia ni la dimisión de Carlos Sánchez como consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, pese a existir una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra él por un presunto delito de prevaricación urbanística en el Ayuntamiento de Santa Brígida, cuando era concejal del área en este municipio.
Soria, que justificó esta decisión en que la querella "ha sido presentada por un concejal del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) de Santa Brígida respecto de la cual se ha posicionado la Fiscalía", dijo que "no hacemos ni caso a las denuncias del PSC contra el PP planteadas como manifestación de la frustración en la labor de la oposición". Por tanto, insistió en que, cuando algún miembro del PP reciba una denuncia a instancias del PSC, su partido sólo tomará medidas en caso de que el juez dictamine una condena.
Por otra parte, el secretario general de los socialistas gran canarios, José Miguel Pérez, exigió a Soria que cumpla con su palabra y, de forma cautelar, aparte del cargo de consejero de Política Territorial a Carlos Sánchez, a la vez que recordó que no sólo ha sido un concejal del PSC quien ha presentado la querella, sino también una edil de Los Verdes y el Seprona.
A esta posición también se sumó el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo gran canario, Carmelo Ramírez, quien criticó que se mantenga en el cargo a una persona acusada de corrupción urbanística. "Es como poner a un gato a guardar las sardinas", exclamó el representante nacionalista.
Sin embargo, el presidente popular señaló que no entrará "en este jueguecito de yo te pongo una denuncia todos los días a ver si cuela porque la oposición se hace de otra manera". Por esa regla de tres, continuó Soria, "los socialistas dicen no me gusta ese candidato e interponen una denuncia contra él para que sea suspendido".
El líder de los populares canarios se escudó en que existen casos en los que la Fiscalía plantea "una cuestión y el juez otra", por lo que expresó que "cuando vea una conducta anómala por parte de una persona de mi partido, lo pongo en manos del abogado y que los órganos del PP actúen en lo que estimen oportuno".
Según indicó Soria, los populares "han venido siendo ejemplo para el resto de formaciones políticas cuando hay imputaciones con presuntos delitos de corrupción porque los órganos de su partido actúan", aunque eludió concretar por qué el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, a pesar de estar condenado por la justicia permanece en su cargo. Tal como expresó, el motivo de que el comité de derechos y libertades no se haya pronunciado en este caso "hay que preguntárselo al propio comité que es quien decide".
Por último, el presidente del PP canario reiteró sus quejas sobre el Ayuntamiento de Teror, gobernado por el PSC, ya que, según apuntó, "hay casos en los que está probado que en corporaciones locales un alcalde y sus concejales se han apropiado de dinero público que ya no está en las arcas públicas sino en sus bolsillos, y los socialistas no han dicho ni mu". A este respecto, José Miguel Pérez contestó que el caso de Teror ha sido un "error administrativo que no tiene nada que ver con la corrupción", algo que, a su parecer, "Soria ya sabe".
Por este motivo, el secretario general del PSC en Gran Canaria acusó al presidente popular de utilizar el caso de Teror, pese a ser una sentencia que va a ser recurrida, para "tapar" que los "verdaderos" responsables de los casos de corrupción que salpican la vida política del Archipiélago pertenecen al PP.
