SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, rechazó hoy el Proyecto de Ley de Fomento a la Participación Ciudadana aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias la semana pasada para su remisión al Parlamento autonómico ya que, según él, el Ejecutivo pretende "manipular y teledirigir" y además alertó de que se permiten consultas populares que incumplen la normativa estatal y que podrían estar vinculadas al "pseudo soberanismo" defendido por una parte del Gobierno.
Pérez indicó, en rueda de prensa, que "el Gobierno pretende instaurar un tipo de consulta sin que se acomoden las consultas a la legislación estatal y eso obedece a algo". "Toda actuación tiene una orientación y si uno reflexiona llega a una serie de conclusiones", prosiguió y expuso que si no se activa la legislación nacional se elude "el respeto al pluralismo" por lo que se trata de implantar "una cultura plebiscitaria o autoritaria para conseguir el respaldo a las decisiones del poder".
En este punto, recordó que "cualquier persona que conozca el 'andar de la perrita' puede llegar a conclusiones parecidas y en los últimos tiempos la consulta popular que hubo que frenar fue la que intentó poner en marcha el ex lehendakari Juan José Ibarretxe en el País Vasco. Señaló que aunque el Gobierno de Canarias quiere ser el representante del sistema y al mismo tiempo también de "algunas instancias que se colocan fuera del sistema democrático".
El diputado del PSOE indicó que el texto permite realizar "elucubraciones jugosas" y las relacionó con la línea "pseudo soberanista" de una parte del Gobierno regional. "Juegan a defender el sistema y a ser antisistema", repitió para manifestar además que el proyecto "introduce fórmulas sinuosas de consulta que permiten sacar conclusiones"
PREGUNTA A RIVERO
El socialista anunció que su partido preguntará al Gobierno en el pleno del Parlamento de este miércoles sobre el dictamen elaborado por el Consejo Consultivo, que según él, pone de manifiesto un "estrepitoso rechazo" del mismo. Aseguró que el Consultivo había sido "inusualmente duro" con el texto presentado por el Ejecutivo. A pesar de esto, el Ejecutivo informó la semana pasada de que el parecer del Consultivo era "favorable".
"No nos sorprende", planteó Pérez y aclaró que desde el inicio del mandato los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PP, "desdeñaron" la participación ciudadana al pactar y no hacer caso al veredicto de las urnas que dieron la victoria al PSOE. Dijo que las intenciones del Ejecutivo no le merecen "la menor fiabilidad".
También se refirió al "desdeño" que ha supuesto la no renovación de los órganos que dependen del Parlamento, Consejo Consultivo, Diputado del Común y Audiencia de Cuentas. "Su actual composición es acorde a las elecciones de 2003", recordó y añadió que el Ejecutivo también desprecia las iniciativas legislativas populares que o bien las rechaza o "las vuelve del revés" durante su tramitación.
"El proyecto en lugar de ocuparse de desarrollar la participación pretende teledirigir toda realidad asociativa siguiendo las pautas seguidas en la iniciada para modificar el Estatuto", afirmó Pérez que insistió en que al Gobierno presidido por Paulino Rivero "le obsesiona teledirigir y manipular".
AL ESTILO CHÁVEZ
Sobre el proyecto se preguntó la utilidad que tendrán la creación de "jurados populares", que no tendrán competencias jurídicas y recalcó que las consultas no se atienen a la normativa nacional. "Éste es un tema inquietante" y lo vinculó a las prácticas del presidente de Venezuela Hugo Chávez cuando quiso modificar la Constitución de su país. Explicó que se pretende cambiar la autorización actual que es necesaria para realizar una consulta y poner en marcha la administración electoral que daría garantías al pluralismo y a los resultados por una comunicación.
Por último informó de que el Cabildo de Tenerife también se ha posicionado en contra del Proyecto por entender que invade las competencias de las administraciones locales. "Se demuestra la voluntad del Gobierno de manejar cualquier expresión de participación ciudadana", concluyó.
ACUERDO DEL CONSEJO
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el martes pasada el Proyecto de Ley de Fomento a la Participación Ciudadana. Con esta normativa, el Gobierno de Canarias pretende "la regulación de un derecho fundamental para toda la ciudadanía, con la finalidad de lograr una sociedad civil organizada y estructurada, que formule propuestas y colabore en su aplicación con las instituciones públicas de la Comunidad", según informó el Ejecutivo canario en una nota.
Por ello, el principal objetivo de este nuevo texto legislativo, impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, es promover la participación, individual o colectiva, de los canarios y de aquellas personas que, con independencia de su nacionalidad, residan en la Comunidad Autónoma en los asuntos públicos, así como el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas y el impulso de hábitos participativos entre la ciudadanía.
El ámbito de aplicación de la futura Ley es la Administración Autonómica Canaria y sus organismos e instituciones dependientes, así como los Cabildos insulares y los Ayuntamientos en los términos que permita la legislación estatal y autonómica correspondiente.
