SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La respuesta de la consulta popular sobre las prospecciones a través de medios electrónicos empezará a 19 de noviembre a las 10.00 horas --hasta las 19.00 horas del día 23-- mientras que la de las entidades ciudadanas se retrasará hasta el día 26, según recoge el decreto de convocatoria de la consulta publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
A la pregunta "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?", podrán emitir su respuesta los residentes canarios mayores de 16 años y las entidades ciudadanas inscritas en el Registro de Participación Ciudadana.
La emisión presencial de la respuesta de las personas físicas se realizará el domingo 23 de noviembre de 10.00 a 19.00 horas, y las sedes y su organización quedarán recogidas próximamente en otro decreto del presidente del Gobierno.
La consulta popular se ampara jurídicamente en el artículo 20 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, que explica que se puede recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana.
El Ejecutivo canario considera que la opinión de la ciudadanía es "imprescindible" para orientar las políticas de los poderes públicos en el ámbito competencial de Canarias, y en ese sentido, el decreto del presidente apunta que el archipiélago es una Comunidad Autónoma "singular" derivada de su hecho diferencial que tiene "expreso reconocimiento" en la Constitución.
Además, señala que estas especificidades también están recogidas en el REF (Régimen Económico y Fiscal), en su condición como Región Ultraperiférica en la Unión Europea o por su especial régimen administrativo vinculado a los cabildos.
Por ello, el decreto remarca que Canarias "ha tenido que optar" por un modelo de desarrollo adaptado a su posición geográfica que conjugue una "potencialidad económica" basada en "su naturaleza", de ahí que la Comunidad Autónoma haya impulsado desde su creación "la explotación del turismo como la mayor fuente de ingresos y la conservación de su soporte físico, que es el territorio de Canarias".
En realidad, indica, "puede hablarse de una sola política, porque el turismo es tributario de los recursos naturales de las islas --el clima, el litoral, la biodiversidad, la orografía, los paisajes, el mar-- hasta el punto de que el perjuicio de éstos significaría sin dudar una correlativa pérdida de actividad turística".
Además, la Comunidad Autónoma tiene "competencia exclusiva" en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, "base" del modelo de desarrollo canario, y también tiene competencias sobre el medio natural, de carácter exclusivo sobre los espacios naturales protegidos, la caza, la pesca, y las aguas, incluida la destinada a consumo humano, el patrimonio histórico, agricultura y ganadería.
MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN
Asimismo, y compartida con el Estado, tiene competencias de desarrollo legislativo y ejecución, en materia de protección del medio ambiente (artículo 32.12 del Estatuto), si bien "hay que entender" que la Comunidad Autónoma está capacitada por sí misma para establecer "medidas adicionales" de protección del medio ambiente respecto de las establecidas por el Estado, en industria y en energía, según los artículos 30.2 y 31.6 del Estatuto de Autonomía.
En consecuencia, subraya el decreto, "esta consulta pone en la balanza, por un lado, el mantenimiento del actual modelo medioambiental y turístico y, por otro, su reorientación como consecuencia de los riesgos y beneficios derivados de una actividad, la relacionada con los hidrocarburos, cuyos efectos inciden directamente en los intereses generales y en determinadas competencias de la Comunidad Autónoma, solicitando que los ciudadanos opinen al respecto".
