SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional fija el deslinde en la costa de Agache, en el municipio tinerfeño de Güímar (Tenerife) tal y como había denunciado el Ayuntamiento de la villa tras la decisión del Ministerio de Medio Ambiente que obligaba a mantener este deslinde en 100 metros.
En cualquier caso, esta no es una sentencia firme, y la Dirección general de Costas podría recurrir por lo que el alcalde del municipio, Rafael Yanes, se reunirá mañana en Madrid con representantes del ministerio para solicitar que no recurran dicha sentencia, tal y como recoge un comunicado enviado desde la corporación güimarera.
El deslinde en litigio afecta a casas construidas durante años en esta zona en un tramo de costa de 1.400 metros y que comprende desde el barranco de Herques hasta la playa de la Enramada, en el Tablado y en la sentencia se afirma que la anchura de la servidumbre de protección ha de ser de 20 metros, según el comunicado. Se reconoce así la petición y los argumentos del Ayuntamientos que hablaba de 20 metros de zona de deslinde frente a los 100 que estableció la Dirección General de Costas.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, mostró su alegría afirmando que "es un éxito de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y también de la corporación que gobernaba en la anterior legislatura". en el comunicado, Yanes agradeció también la labor de la anterior alcaldesa del municipio, Vicenta Díaz ya que fue durante su período de gobierno cuando se inició este proceso en contra de la orden del Ministerio.
Rafael Yanes ha manifestado que, de manera urgente, se desplazará a Madrid mañana para intentar convencer a los responsables de Medio Ambiente de que no recurran esta sentencia que hace justicia a los vecinos del litoral de Agache.
LOS SUELOS COSTEROS.
La situación del deslinde de Agache se repite en distintos puntos de la costa del Archipiélago Canario. Lugares que durante años no han sido descritos dentro de los planes generales municipales y que se han ido llenando de casas con licencia y que pagan contribución, agua y luz, contando en algunos casos hasta con alcantarillado, pero que nunca han sido considerados --al menos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988-- como suelos urbanos.
Esto ha llevado a que el Ministerio de Medio Ambiente se ajuste a la ley que obliga a dejar un espacio público (es decir, para todos los isleños) de 100 metros entre el punto más alta en el que históricamente haya llegado el mar y no los 20 que exigen los vecinos.
