Un total de 549 jóvenes cumplen sus medidas judiciales en Canarias en régimen abierto

Actualizado: martes, 23 junio 2009 14:10

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 702 jóvenes cumplen actualmente medidas judiciales en centros de internamiento en Canarias, de los que 549 lo hacen en medio abierto gracias a que la red de recursos para el cumplimiento de condenas para los jóvenes infractores se ha incrementado en un "725 por ciento" en relación a los objetivos prefijados en el Plan Integral del Menor del archipiélago que establecían el desarrollo cuantitativo y cualitativo de los recursos para la atención integral del menor.

La puesta en marcha de esta red de recursos ha permitido que el número de chicos que deben cumplir alguna medida judicial en centros de internamiento se haya reducido en un 70 por ciento, pasando en los dos últimos años de 427 jóvenes en régimen de internamiento a 160, datos facilitados la semana pasada y recordados hoy por la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Inés Rojas, tras firmar un acuerdo de colaboración con los representantes de las Consejerías de Educación, Universidades, Cultura y Deportes; y de Empleo, Industria y Comercio, Milagros Luis Brito, y Jorge Rodríguez, respectivamente, por el cual se potencian las acciones dirigidas a facilitar la formación educativa y de acceso al empleo para los jóvenes que cumplen medidas dictadas por un juez.

El objetivo de dicho convenio es "potenciar y consolidar los programas formativos y de empleo que se llevan a cabo en los centros con los jóvenes que cumplen medidas judiciales", añadió Rojas, que apostó por "garantizar la formación tanto educativa académica como la formación para el empleo".

En estos momentos hay en Canarias 702 jóvenes --sobre todo varones-- cumpliendo medidas judiciales, de los que 549 lo hacen en el medio abierto y 153 en algún régimen de internamiento. De estos 153 adolescentes infractores sólo 23 no pueden salir a la calle por tener delitos graves, "casi siempre de sangre", 97 están en régimen semiabierto y 33 se encuentran en un centro de atención terapéutica.

UN TOTAL DE 224 PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL

Un total de 224 jóvenes que cumplen medidas judiciales en el archipiélago han participado en los diferentes programas de inserción laboral que se llevan a cabo en los centros de las islas, explicó Rojas. De estos chicos, un total de 27 han accedido a contrato laboral durante el primer semestre del año y otros 16 han realizado prácticas en empresas.

La responsable de Bienestar Social considera que este dato resulta "positivo", ya que el acceso al empleo significa el primer paso para la normalización de estos jóvenes y un medio para garantizar su reinserción en la sociedad.

Asimismo, otros 71 jóvenes han participado el Programa de Cualificación Inicial (PCI), dirigido a chicos de edades comprendidas entre los 16 y 25 años sin cualificación profesional previa, sin estudios finalizados de enseñanza obligatoria y escasas expectativas laborales.

Igualmente, un total de 110 jóvenes participan actualmente en los diferentes talleres de formación ocupacional que se imparten en los centros de medidas judiciales del archipiélago y que incluyen, entre otras, las especialidades de carpintería, microinformática, mantenimiento de edificios, cocina y tapicería.

Rojas incidió en reclamar a la sociedad canaria que "acoja" a estos chicos que "trabajan con muchas ganas y tienen ilusión y, en su inmensa mayoría, reconocen que se han equivocado" y "reconducen su conducta".

RESPUESTA EDUCATIVA ESPECÍFICA

Por su parte, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Milagros Luis Brito, destacó que "la bondad de este protocolo radica en construir una respuesta educativa específica para un colectivo singular que necesita, dada su heterogeneidad y sus grandes desfases en el proceso de aprendizaje, una organización de la atención educativa específica".

De este modo, explicó que a través de este programa se va a establecer un eje de intervención que tiene como objetivo cumplir tres fines: garantizar el acceso a la educación y formación, y A la inclusión de su vida adulta futura y adaptar la tarea educativa para estos jóvenes.

Por ello, se trabajará en tres ámbitos con el acceso a programas ordinarios con una diversificación curricular adaptada a la Educación Secundaria Obligación, además de promover programas de Cualificación Inicial y proponer una oferta básica de educación para personas adultas a través de la centros de Educación de Personas Adultas.

Además, incidió en que "buena parte del éxito o dificultades para gestionar el contenido de este protocolo estará en la Comisión de Diagnóstico y de Seguimiento Educativo, donde estará presente la Inspección Educativa, la representación docente por parte de la Consejería de Educación, pedagogos y también representación de los equipos directivos de enseñanza secundaria a los que estén vinculados los Programas de Cualificación Inicial.

"PRIORIDAD" PARA EL SCE

Igualmente, el consejero regional de Empleo, Jorge Rodríguez, expresó su "entusiasmo" por firmar dicho acuerdo y recordó el convenio suscrito hace un año por el Gobierno canario con el Consejo General del Poder Judicial, con el Ministerio Fiscal y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que "jueces y fiscales sustituyeran medidas de privación de libertad por otro tipo de medidas que permiten a los jóvenes, además de cumplir la condena, formarse para poderse integrar más fácilmente en la sociedad". "Este protocolo viene a reforzar el convenio suscrito hoy", apostilló.

En este sentido, añadió que el Servicio Canario de Empleo (SCE) se compromete a ofrecer en los centros de medidas judiciales la formación que se demande para el empleo y recalcó que en Talleres de Empleo, Casas de Oficio y Escuelas Taller estos jóvenes "tienen prioridad".

Además a través del Instituto de Cualificaciones Profesionales se va a coordinar que los programas formativos que están haciendo los jóvenes sean "integrables" en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para que cuando "termine de cumplir con sus obligaciones judiciales tengan un título homologado en las cualificaciones profesionales". "Se trata de ofrecer una oportunidad realista a los jóvenes de que reconduzcan su actitud", sentenció Rodríguez.