LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado la reducción de la condena de dos años a 21 meses de cárcel para dos cajeras del supermercado Armide, situado en Las Palmas de Gran Canaria, que han ido devolviendo a la empresa las cantidades de las que supuestamente se apropiaron. En cambio, el fiscal mantuvo la pena de dos años de prisión para las otras dos dependientas acusadas del mismo presunto delito continuado de apropiación indebida y que negaron los hechos.
El Ministerio Fiscal, representado por Pedro Gimeno, planteó en su escrito de conclusiones, durante el juicio celebrado a lo largo de cinco horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la reducción de tres meses de prisión para Patricia Toledo y también para Dolores Herrera, quien admitió que se apoderó de 21.098 euros al realizar devoluciones falsas de productos.
La acusación particular se adhirió a lo solicitado por el fiscal respecto a Dolores Herrera y mantuvo una condena de seis años de prisión para las otras dos empleadas Rosa Padilla y Ofelia Fernández, además de solicitar que éstas indemnicen al propietario con el dinero presuntamente sustraído. Patricia Toledo había llegado a un acuerdo civil con el denunciante para devolver los 30.000 euros que supuestamente se apropió.
Asimismo, el Ministerio Fiscal solicitó que, en concepto de responsabilidad civil, Toledo y Herrera abonen la cantidad que adeudan aún a la entidad, es decir, 1.200 y 5.588 euros, respectivamente.
Las cuatro personas declararon hoy como acusadas de haber utilizado su condición de cajeras del supermercado que Armide explotaba en la céntrica calle León y Castillo de la capital, entre los meses de enero y mayo del año 2003, y haberse apoderado supuestamente de diversas cantidades que ascendían a 109.837 euros reflejando en las cajas devoluciones de productos que en realidad no existían.
RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS.
La primera en declarar fue Rosa Padilla, que trabajó desde octubre de 2001 a enero de 2004, cuando decidió dejar la empresa "porque estaba desesperada porque no le subían el sueldo y no ganaba lo suficiente". Al irse firmó un documento de reconocimiento de deuda de 38.123 euros "como favor al administrador", Francisco López, "porque decían que Patricia Toledo --también acusada-- había sustraído dinero de las cajas y querían que les apoyara".
Según Padilla, López le dijo que la firma "no iba a tener consecuencias", al tiempo que aseguró que no leyó el documento de cuatro líneas por "amenazas". Agregó que "todos conocían los números correlativos de acceso a las cajas" y que sí se podía usar su contraseña en otra caja aunque ella la estuviera usando.
A preguntas del fiscal acerca de presuntas irregularidades en operaciones de devolución, sostuvo que otra persona "usó" su número para acceder a la caja.
Por su parte, Patricia Toledo negó haber robado 30.000 euros y afirmó que dejó el trabajo porque iba a casarse y le ofrecieron un "trabajo mejor". Sin embargo, firmó un reconocimiento de deuda porque la empresa le comunicó que había descubierto "un descuadre", aunque no sabe por qué se produjo éste.
Añadió que asumió su "responsabilidad" porque era su caja y "había cajas asignadas a cada empleada", hecho que había negado Padilla con anterioridad.
La otra dependienta acusada, Ofelia Fernández, negó haber robado 20.615 euros, pero suscribió un documento por "compras realizadas" "como favor" a López, el jefe del supermercado. Además, argumentó que firmó porque le "iban a pagar el paro". Explicó que no entró "nunca" en otra caja con otra clave.
LA ÚNICA QUE LO ADMITIÓ.
"Me hago responsable de lo que hice", afirmó, por contra, Dolores Herrera, que justificó haber robado 21.098 euros porque estaba atravesando "un mal momento económico y no era consciente" de sus actos. Se mostró arrepentida de lo sucedido y dijo desconocer si las otras cajeras robaban. Afirmó que "nunca entró en una caja con otra clave" que no fuera la suya. Herrera pidió un préstamo bancario y con los 13.000 euros concedidos ha saldado parte del débito con la empresa, aunque le quedan por abonar 5.887 euros.
Durante el juicio prestaron declaración un total de once testigos, entre ellos el administrador del supermercado, Francisco López, que manifestó que detectó las irregularidades porque "los ingresos recaudados eran menores del año anterior a pesar de que el número de operaciones era el mismo".
De igual modo, indicó que "no tenía sentido" que las devoluciones de los productos fueran en números redondos, ya que los artículos solían tener decimales.
Por su parte, otra testigo que trabajó durante cinco meses como cajera reconoció que "todas" las empleadas trabajaban con "todas las claves", extremo que admitió otra testigo que señaló que "cualquiera sabía el código" de todas. Otra ex trabajadora insistió en que en el supermercado, que abrió en 1982 y cerró en otoño de 2003, "no existía control ninguno".
