LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, y el ex concejal de Planeamiento, Gestión Urbanística y Patrimonio, Felipe Afonso ElJaber, del PP, imputados por un presunto delito de prevaricación, tienen "ganas" de explicar el expediente del Plan Especial del Canódromo ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital de la isla, Tomás Martín Rodríguez.
Así lo declaró a Europa Press el secretario de comunicación del PP y ex concejal de Aguas, Ángel Sabroso, que destacó la "absoluta normalidad y muchísima tranquilidad" ante la citación judicial para los actuales concejales del PP en la oposición.
Sabroso afirmó que la petición del juez "no ha sido una sorpresa", ya que la misma sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado mes de febrero que anuló el Plan Especial del Canódromo "ya recogía posibles indicios de desviación de poder".
Agregó que, tanto Luzardo como Afonso, "lejos de tomar esta citación como un problema, se lo toman como una excelente oportunidad para explicar en el juzgado y ante la ciudadanía todas las decisiones" en relación a dicho plan, que "se hicieron siempre pensando en el interés general y, lo que es más importante, estuvieron siempre avaladas por todos los informes técnicos y jurídicos favorables de los funcionarios" municipales.
A su entender, el canódromo fue "durante varias décadas un solar abandonado, en el que lo que se pretendía y lo que se consiguió finalmente fue poder dotar a esa zona de la ciudad de un espacio abierto, de un gran parque urbano y que, además, no le costase ni un solo euro a las arcas muncipales".
INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS FAVORABLES.
Ésas fueron las motivaciones de la actuación, agregó Sabroso, que resaltó que la ex regidora capitalina y el ex edil de Planeamiento tienen "total confianza en poder demostrarle a los ciudadanos que las actuaciones que el PP emprendió durante sus anteriores mandatos siempre estuvieron avaladas por la legalidad y tenían como fin último el interés general".
Luzardo y Afonso siguen con su agenda de trabajo y el partido confía en que se archiven sus imputaciones. De hecho, el PP local ha informado de que no convocará una reunión extraordinaria para tratar esta cuestión.
Ambos "están deseosos de declarar ante el juez", insiste el grupo popular local en un comunicado, en el que destacan que esta formación "logró" con su actuación sobre El Canódromo adquirir una zona abandonada desde 1984 para dotar a los ciudadanos de zonas verdes -un parque de 20.000 metros cuadrados- y espacios culturales, como la biblioteca que se inaugurará en breve.
LICENCIAS DE DEMOLICIÓN.
El magistrado Tomás Martín Rodríguez quiere estudiar las licencias de demolición y excavación en los terrenos conocidos como el canódromo, y las posibles irregularidades cometidas en la adopción de esos acuerdos por parte de la anterior junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
De esta forma, el juez intenta esclarecer si el Ayuntamiento concedió la licencia de construcción a la empresa Realia de las conocidas como Torres del Canódromo cuando estaba suspendida de forma cautelar el Plan Especial de ordenación que regulaba dicha parcela.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el Plan Especial del Canódromo atendiendo a la Ley de Ordenación del Territorio de 2005, por entender que se modificó de forma sustancial el modelo territorial previsto, por permitirse la construcción de dos edificios de 15 plantas.
La sentencia asegura que ese cambio sustancial de uso se produjo sin que tales detalles fuesen sometidos a una exposición pública, por lo que, según la resolución judicial, no cabe introducir un uso residencial en la parcela al estar agotada la edificabilidad en los barrios de Escaleritas y Schamann, en el municipio capitalino.
