LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), presentó hoy una denuncia en el juzgado de guardia y en el Ayuntamiento contra las obras de la cárcel de Maspalomas, con la que solicitan que sean precintadas como medida cautelar, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, los 37 vecinos firmantes de la denuncia piden la paralización del proyecto, ya que aducen que los trabajos que se realizan actualmente en la finca Los Llanos de Juan Grande de Maspalomas, y que tienen como finalidad la construcción del centro penitenciario a denominar Gran Canaria II, son "ilegales".
Dichas obras se están llevando a cabo por la empresa Hermanos Tito por "cuenta y cargo supuestamente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias", precisa el escrito, que detalla que dichos terrenos tienen la calificación de rústicos y son, en parte, propiedad del Gobierno autónomo y, en parte, propiedad de particulares, con quienes "no se ha contado para la ocupación de sus fincas e iniciar unos trabajos manifiestamente ilegales".
En este sentido, relata que la finca fue adquirida el 30 de diciembre de 1988 por el Gobierno de Canarias para potenciar la agricultura mediante la adjudicación de 105 parcelas a cooperativas del sureste de la isla.
Además, dicha finca fue adquirida por el Ejecutivo regional con fondos de la Comunidad Económica Europea, extremo que será objeto de otra denuncia a interponer próximamente.
SILENCIO ADMINISTRATIVO.
Los vecinos que se oponen a dicha instalación penitenciaria indicaron que han informado al Ayuntamiento y al Gobierno regional de las supuestas irregularidades administrativas, como el hecho de carecer de la preceptiva licencia, sin que desde el inicio de las obras se hayan adoptado las medidas oportunas ni incoado expediente administrativo al respecto.
Dicho "silencio" y actuación de las administraciones han suscitado sospechas entre los afectados, que entienden que esta "pasividad manifiesta un claro interés en la continuación de las obras, obviando cualquier tipo de irregularidad".
De igual modo, señalan que "son continuas las manifestaciones por parte del Consistorio de que serán sustanciosas las compensaciones económicas que se van a obtener para las arcas municipales" debido a esta infraestructura.
Asimismo, destacan que en este momento el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias no se ha aprobado definitivamente, y, a pesar de ello, continúan llevándose a cabo las referidas obras.
UNA ACTUACIÓN A REPRENDER.
La falta de aprobación definitiva del Plan, la iniciación de obras sin las preceptivas licencias y "cuantas otras ilegalidades acometidas" ponen en relieve, según el Consejo de Vecinos, "la actuación del todo al margen de la legalidad que está llevando a cabo tanto Instituciones Penitenciarias como el propio Gobierno Autónomo".
A este respecto, entienden que los "tribunales deben reprender" esta actuación a fin de "no permitir que se caiga en la ilusoria pretensión de hacer imperar la ilegalidad amparándose en la soberbia administrativa que se dimana de la actuación del Gobierno de España".
Según los vecinos, "el Ejecutivo central se erige en pro de sus intereses" sin escucharles a pesar de que van a soportar las "futuras consecuencias" de dicha instalación ubicada en uno de los principales motores económicos de la isla, siendo San Bartolomé de Tirajana "el municipio con mayor auge turístico y con mayor proyección de crecimiento en este sentido".
