LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha querido trasladar un mensaje de "serenidad y calma" tanto a los profesionales de la educación riojana como a los padres y madres con hijos en edad escolar garantizando la "efectividad" del sistema educativo riojano ante "los bulos malintencionados" emitidos hoy por la Asociación Abogados Cristianos que constituyen "una auténtica falsedad y una difamación intolerable".
La presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu, junto al consejero de Educación, Luis Cacho, han comparecido esta tarde en una rueda de prensa extraordinaria para responder a las acusaciones realizadas esta mañana "por un colectivo ultraconservador" que "solo tiene un único objetivo: hacer ruido y amedrentar a la comunidad educativa".
En concreto, la Asociación Española de Abogados Cristianos, junto a 'Los Niños Son Intocables', han anunciado esta mañana "medidas contenciosas" contra el propio consejero de Educación, por "trampear, no recoger el Pin Parental y no garantizar a los padres el derecho fundamental de elegir la educación de sus hijos" ante presuntas charlas "que adoctrinan a nuestros menores".
Ante esas "difamaciones", Luis Cacho ha defendido que la programación general anual de cada centro "pasa toda una serie de procesos y supervisiones" que son "la verdadera garantía para las familias".
Las actividades complementarias "son elaboradas por profesionales y supervisadas por el Consejo Escolar del centro y su equipo directivo". Además, son supervisadas también por los equipos de orientación psicopedagógicos de la comunidad autónoma". Por lo tanto, "todas estas expresiones emitidas hoy por Abogados Cristianos con determinadas aberraciones son simplemente bulos malintencionados".
GARANTÍAS "LEGALES"
Concha Andreu, por su parte, ha incidido en que "la aplicación de cualquier programa educativo en La Rioja cuenta con todas las garantías legales y se implanta única y exclusivamente bajo criterios técnico-pedagógicos".
Por tanto, "la amenaza de emprender acciones" contra el consejero de Educación, el equipo directivo de un centro docente y contra profesionales de la educación constituyen "una auténtica falsedad y una difamación intolerable".
Todo lo hacen -en palabras de Andreu- "con el único fin de amedrentar a docentes" y esto es "un ataque directo al derecho constitucional de libertad de cátedra. Y este Gobierno no va a consentir ninguna acción en contra de ese derecho".
Ante ello -ha defendido- "mi mensaje a los docentes es claro: vuestro compromiso y vuestro trabajo son fundamentales para el progreso y avance de esta tierra y, por eso, el Gobierno de La Rioja os va a defender con todos los recursos disponible de los ataques que recibáis por parte de colectivos extremistas que solo limitan el derecho a educar con la amenaza de acciones legales".
Además, y a la vista de las acusaciones infundadas, "ya se han puesto las mismas en manos de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja".
"SERENIDAD Y TRANQUILIDAD"
Tras la intervención de la presidenta regional, Luis Cacho ha querido transmitir de nuevo "serenidad y tranquilidad a la comunidad educativa riojana porque no hay ningún motivo para que estén preocupados por la calidad democrática, ética y psicopedágogica de la educación que reciben sus hijos".
Las palabras de Abogados Cristianos "solo persiguen desestabilizar el clima en los centros y en la comunidad educativa".
En este punto, el consejero del ramo ha querido abordar algunas de las informaciones que, esta mañana, Abogados Cristianos ha indicado en su rueda de prensa. Así, y con respecto el Pin Parental al que aluden desde Abogados Cristianos, "hablando de un pretendido derecho constitucional que les ampara para solicitar una información previa de forma proactiva al centro", Cacho ha explicado que esa información "está a su acceso directamente en la programación anual del centro".
Con respecto a la solicitud de un consentimiento expreso de los padres para la asistencia de los hijos a la actividades complementarias en materia de educación sexual (aduciendo el artículo 27.3 de la Constitución), Cacho ha explicado que dicho artículo habla de la formación religiosa y moral, "precisamente esto no es educación sexual".
"Todo lo contrario este tipo de actividades se dan para garantizar, según dice el punto precedente 27.2, que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a la convivencia, derechos y libertades fundamentales de la cual forma parte la identidad afectivo sexual".
"Para garantizar esa libertad se hace este tipo de actuaciones educativas", ha explicado.
Con todo ello, afirma, "la educación sexual no es una cuestión moral sino del desarrollo de la personalidad y de la identidad afectivo sexual de la persona".
Con respecto a los procedimientos, Luis Cacho ha garantizado que "se ha comunicado a todos los centros de la comunidad la obligatoriedad de recibir y cursar administrativamente cualquier solicitud que hagan las familias de su comunidad educativa". En Secundaria hay una figura administrativa para ella y en Primaria la realiza algún profesional del equipo docente, en cualquier caso, "es puramente administrativo".
Aún así, y para aquellas familias que no estén de acuerdo con la oferta educativa en materia de educación sexual, el Gobierno de La Rioja es garante "de la elección del centro. Por eso hay una libertad de enseñanza y una autonomía pedagógica de centro".
"Cada centro es libre de definir su proyecto educativo y cada familia es libre de elegir cuál es más acorde a su convicción pero no tienen el derecho de solicitar y ni demandar jurídicamente e interferir en la organización de los centros ni a solicitar a que se les dé una información u otra".
"No tienen el derecho de decidir si sus hijos tienen que ir o no a esas actividades porque, como dice el Reglamento de Organización de centros aprobado en 2008, en La Rioja las actividades complementarias son de participación obligatoria".
Por todo ello, "solo nos queda expresar nuestro apoyo incondicional a los profesionales de la educación riojana" y trasladar un mensaje de "serenidad" a las familias y les demandamos "su confianza en el sistema educativo riojano que es suficientemente bueno y garantista". Además, como ha indicado Andreu, "nos reservamos el derecho a responder también jurídicamente cuándo y cómo estimemos oportuno".
