LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de La Rioja debatirá este jueves, en sesión plenaria, que comenzará a las 16,30 horas, sobre la deuda de la comunidad, la sanidad privada y la Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa, según ha acordado esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces.
El pleno se iniciará con el dictamen de incompatibilidades, la designación de miembros del Consejo Consultivo y una serie de preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sanz, todavía sin definir.
A continuación, se sucederán las preguntas al Gobierno de La Rioja, comenzando el turno, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Félix Caperos, sobre si el Ejecutivo hace lo necesario para que San Torcuato tenga secretario interventor, y otras dos sobre las protestas vecinales contra el alcalde de Ochánduri.
Su compañero de Grupo, José Ángel Lacalzada, preguntará sobre la valoración que hace el Gobierno de La Rioja de la deuda que ha generado estos últimos años, mientras que la también socialista, Ana Santos, cuestionará al Ejecutivo si es "posible que una familia pueda sobrevivir durante seis meses sin ningún tipo de ingreso económico y no pueda optar a una prestación de inserción social, tal y como contempla el nuevo Decreto 28/2014, de 27 de junio, de prestaciones de inserción social".
De sanidad preguntará el diputado del Grupo Parlamentario Mixto - que acoge al PR+ en la Cámara regional, Rubén Gil. En concreto sobre el motivo para que el Gobierno riojano "haya pagado el doble de dinero a la clínica Los Manzanos por menos intervenciones quirúrgicas", y también porque "cede datos privados de pacientes de la sanidad pública a una empresa privada".
A continuación, se debatirán dos mociones consecuencias de interpelación, la primera para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a eliminar el pago de camas vacías en centros sanitarios privados, lo que supone un "enorme despilfarro económico para los riojanos, a la vez que se cierran servicios sanitarios públicos en perfecto estado".
La segunda, presentada al igual que la anterior por los regionalista, quiere que el Parlamento de La Rioja rechace la refinanciación del crédito del soterramiento en Logroño por ser "un acuerdo lesivo para los riojanos que va a suponer un grave quebranto económico para varias instituciones riojanas".
PROPOSICIONES NO DE LEY
Tras ello, el Grupo Mixto defenderá una Proposición No de Ley para que el Gobierno de La Rioja se inicien los trabajos de elaboración y redacción de una ley de mecenazgo cultural que tenga en cuenta las especificaciones de la Comunidad y, en consecuencia, regule no solo el mecenazgo vinculado con la gran empresa y los grandes eventos, sino con la pequeña y mediana empresa o los particulares a través del micromecenazgo o las fórmulas que se juzguen más oportunas para alcanzar el objetivo propuesto.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la Cámara riojana a que inste al Gobierno de La Rioja a aprobar, junto con los gobiernos de Aragón y Navarra, la convocatoria de un Foro del Valle del Ebro, con periodicidad anual y carácter itinerante, organizado por los tres gobiernos autonómicos y con participación abierta a toda la sociedad, para tratar materias como la política industrial común, el sector agroalimentario, el sector logístico, las comunicaciones, la política hidrológica y medioambiental, la investigación, la cultura y la política universitaria.
Las Proposiciones No de Ley se cerrarán con la del Grupo Mixto para que se solicite al Gobierno de España la elaboración de un informe detallado sobre la cantidad a la que ascenderían las indemnizaciones que tendrían que abonarse por el rescate de la concesión del tramo de la autopista AP-68 en su recorrido por La Rioja, "antes de la fecha prevista para su finalización, y determine con esos cálculos si es más viable económicamente construir el desdoblamiento de la N-232 o liberar definitivamente la AP-68 mediante la supresión anticipada de la concesión"; y con otra del PSOE para que "se deje sin efecto sus propuestas de modificación de la regulación del Registro Civil para que pase a ser gestionado por los registradores de la propiedad".
El pleno finalizará con el debate del Proyecto de Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa.
