UGT exige que se ejecute la sentencia que obliga a 'Domusvi' "a pagar a los trabajadores el tiempo de desplazamiento"

Publicado: viernes, 21 diciembre 2018 13:48

"Ni el Ayuntamiento de Logroño ni Inspección de Trabajo han tomado cartas en el asunto a pesar de tener conocimiento de la situación a través del sindicato"

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios de Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha solicitado al Juzgado de lo Social nº 1 de Logroño que "ejecute la sentencia judicial firme que obliga a la empresa 'Domusvi', adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Logroño, a pagar a sus 140 trabajadoras el tiempo que emplean para desplazarse entre los domicilios de los usuarios".

La demanda por esta causa fue interpuesta por los servicios jurídicos de UGT, "ante la negativa de la empresa a reconocer este derecho a sus trabajadoras", explican en una nota de prensa.

A pesar de tratarse de una sentencia firme desde marzo, la empresa "solo está abonando el concepto por desplazamientos a menos de la mitad de la plantilla".

El número anual medio de horas no computadas a estas trabajadoras es de 200, correspondientes a 45 minutos diarios de desplazamientos. Este tiempo no retribuido "implica una pérdida salarial de 1.600 euros al año por cada trabajadora y de 580 euros que se dejan de cotizar a la Seguridad Social".

Además de la no computación del tiempo empleado en los desplazamientos, UGT denunció en febrero ante Inspección de Trabajo, la falta de abono del plus de domingos y festivos, recogida en el convenio colectivo del sector. "El impago de estos conceptos está generando importantes pérdidas salariales a las trabajadoras, así como la disminución de sus cotizaciones a la Seguridad Social", aseguran.

En una reunión mantenida en octubre, UGT solicitó al Ayuntamiento de Logroño, como entidad responsable del servicio de ayuda a domicilio, "que exigiera a 'Domusvi' el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial, ya que el pliego administrativo recoge la obligación empresarial de cumplir la normativa laboral vigente".

Sin embargo, hasta la fecha, ni Inspección de Trabajo ni Ayuntamiento "han llevado a cabo ninguna actuación para exigir el cumplimiento de lo establecido ni judicialmente ni por el convenio colectivo", han finalizado.

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