Acc.Barajas.- La Abogacía requiere a otros dos bufetes de EEUU información sobre sus contactos con abogados españoles

Actualizado: jueves, 2 octubre 2008 20:34

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha requerido a los bufetes de abogados de EEUU Podhurst Orseck y The Gallagher Law Firm que informen sobre la situación profesional que les habilita para actuar en la Unión Europea y si ha concertado los servicios de algún despacho o abogado habilitado para ponerse en contacto con los familiares de las víctimas del accidente del avión de Spanair.

Estas nuevas peticiones se suman a la realizada sobre el bufete Ribbeck Law, a quien el pasado 18 de septiembre se emplazó a abstenerse de utilizar "métodos contrarios a la ley y a la ética en la búsqueda de clientes". Ribbeck Law fue el primer despacho que interpuso una demanda en EEUU contra Boeing por su presunta responsabilidad en la catástrofe del pasado 20 de agosto.

Estos nuevos requerimientos se realizan en base a que la normativa española que rige la actividad de los abogados "sólo permite la publicidad y oferta de los servicios jurídicos que sea digna y veraz y que respete la dignidad de las personas, la normativa en general y específicamente las normas deontológicas".

En rueda de prensa, Carnicer informó que estos bufetes aún están en el "plazo" de remitir la información requerida, por lo que subrayó que el Consejo de la Abogacía tomará la "decisión que proceda" una vez que éstos se pronuncien.

Explicó que las actuaciones emprendidas por el CGAE contra los despachos de abogados de Norteamérica se ha hecho "conforme se tuvo conocimiento de que se habían realizado determinadas prácticas que pudieran vulnerar gravemente las obligaciones que impone la legislación española y también, es posible, que la americana".

"Hemos hecho lo que correspondía y lo que necesitamos hacer", aseveró Carnicer, quien añadió que "se trata de mantener el orden establecido en cada una de los cometidos humanos para garantizar a la ciudadanía que lo que se entiende como una prestación lícita de abogado en España sea eso y no otra cosa".