MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la demanda de responsabilidad civil interpuesta contra cuatro jueces que rechazaron en su día la denuncia de una familia que tiene a su hijo desde hace 20 años en coma después de que sometiera a una operación de estética de nariz y que denunció, en este sentido, una negligencia médica.
La familia Meño lleva desde el pasado mes de junio acampada frente al Ministerio de Justicia, en la plaza Jacinto Benavente, con el fin de que se "haga justicia" con su hijo Antonio, que vive con ellos en plena calle. Los padres, Juana y Antonio, interpusieron dicha demanda acusando a los jueces de causarles daños "en el desempeño de su función por el dolor, culpa o ignorancia inexcusables".
Desde que habitan día y noche en la tienda de campaña colocada en la madrileña plaza, han recogido más de 20.000 firmas para entregar en el Congreso de los Diputados, pues no sólo han perdido los juicios a los que se han ido presentando sino que, además, tienen que hacer frente a las costas que ascienden a los 400.000 euros.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el TSJM admite a trámite esta demanda interpuesta por los padres de Antonio, que en su estado comatoso, vive en la plaza madrileña, contra María del Mar Crespo, magistrada del Juzgado de 1º Instancia nº 11, y contra Nicolás Díaz, Epifanio Legido y Rafael Sánchez, magistrados de la sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
Esta demanda, que se tramitará por los cauces del juicio ordinario, se dará a conocer a los demandados, que tendrán un plazo de 20 días hábiles para comparecer. Si en ese plazo, no lo han hecho, se les declarará en situación de rebeldía procesal. La comparecencia tendrá que realizarse por medio de procurador de los tribunales y con asistencia de abogados.
Mientras tanto, la familia, con su residencia en Móstoles, sigue con su tienda de campaña frente a las puertas del Ministerio. Juana, la madre de Antonio, aseguró a Europa Press que "nadie la va a mover de allí". "Mi hijo empezó a estudiar Derecho para que se hiciera Justicia en el mundo y nosotros trabajaremos hasta el final para que ahora la Justicia se haga con él", indicó.
"Nosotros queremos que se revise la sentencia en la que se nos daba la razón porque mi hijo entró bien a la sala de la clínica y me lo devolvieron en coma sin que nadie se hiciera responsable", indicó Juana, quien señaló que las costas para pagar a los abogados de la clínica, el anestesista y las compañías aseguradoras son "excesivas" y no pueden hacer frente a ellas.
UNA OPERACIÓN SIMPLE DE ESTÉTICA
La historia de Antonio Meño empieza el 3 de julio de 1983, cuando este estudiante de Derecho de 20 años, se sometió a una operación estética de nariz en una clínica madrileña, que no resultaba ni siquiera necesaria. La intervención quirúrgica se realizó con anestesia general y duró, según el cirujano, entre 20 y 25 minutos.
Sin embargo, el anestesista indicó más del doble, una hora. El resultado fue que del quirófano salió Antonio en coma vigil irreversible, con las funciones intelictivas y cognoscitivas completamente abolidas y dependiendo de los demás para poder realizar sus necesidades más elementales.
Sus padres denunciaron la situación ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, que condenó al anestesista porque, según el relato de los hechos y las pruebas, cabía hablar de "una cierta imprudencia en la actitud" de este profesional, con lo que la familia podría cobrar la indemnización que permitía cubrir las atenciones que necesitaba Antonio.
Según recoge esta sentencia, el anestesista procedió a la extubación del paciente sin existir evidentes signos de que Antonio hubiera recuperado la respiración espontánea. A los cuatro o cinco segundos de haberle retirado el tubo le sobrevino un vómito y debido a su falta de reflejos por no haber recuperado la respiración, lo tragó, aspirándolo por vía aérea, y le causó un broncoespasmo que le dejó sin oxígeno.
Sin embargo, el anestesista recurrió en apelación su sentencia condenatoria y la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la dictada en primera instancia, absolviéndole y dejando a la víctima sin la indemnización. Fue cuando a los padres de Antonio sólo les quedó la vía civil y acudieron al Tribunal Constitucional.
Posteriormente perdieron en primera instancia, en apelación y en casación. De hecho, los tres jueces que conformaron el tribunal de apelación --ahora demandados-- aseguraron que no existía "viso alguno" que permitiera inducir que "haya sido confeccionado ad hoc o en función del proceso" la actuación del anestesista.
Los padres continuaron su batalla en los juzgados y recurrieron al Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de los Meño por no haber combatido en él la culpa del anestesista. La familia se quedó sin letrado y pidió al Alto Tribunal un abogado y un procurador del turno de oficio para interponer un incidente de nulidad contra esa sentencia.
La petición del abogado y procurador de oficio la efectuaron los Meño el 14 de julio y a día de hoy todavía no le han sido nombrados estos profesionales, aunque la familia ya cuenta con defensa, la Fundación Jurei (Justicia Responsable e Independiente), que tras conocer la historia, acordó hacerse cargo de la situación.
A día de hoy siguen a la espera de ver qué ocurre con su recurso de apelación y a pesar de que llevan dos décadas de lucha donde se han quedado solos, "sin dinero e indefensos" no terminan de perder la "esperanza" de que llegue el momento en el que se reconozcan sus derechos.
Cada día, son decenas las personas las que se acercan hasta el campamento de la familia Meño, donde Juana está casi siempre acompañada de sus más allegados. Sólo abandona la tienda para trasladar a su hijo a un sitio donde poder llevar a cabo las labores de higiene. Ahora ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que les dejen engancharse a la toma de la luz, de cara al frío que pueda llegar en invierno.
