Los afectados por la subasta de pisos del Ayuntamiento se concentrarán hoy viernes ante la sede de la EMVS

Actualizado: viernes, 3 septiembre 2010 9:40

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 630 familias afectadas por la subasta de pisos por parte del Ayuntamiento de Madrid se concentrarán hoy viernes ante la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para denunciar la decisión de sus responsables de sacar al mercado estas promociones para su venta a promotores privados o fondos de inversión inmobiliaria.

Las familias afectadas están repartidas en promociones en Carabanchel (80 viviendas), Moratalaz (30), Sanchinarro (300) y Vallecas (220). Los inquilinos fueron adjudicatarios entre los años 2003 y 2004. Se concentrarán contra la decisión municipal de convocar una subasta de promociones completas de viviendas en arrendamiento, cuya adjudicación está prevista realizar el 13 de septiembre próximo.

La compañía que adquiera los pisos podrá fijar las condiciones y precio hasta 2020, cuando además podrán venderlos a precio de mercado. Esto ha desatado las críticas de la oposición. Desde el PSOE, el portavoz de Urbanismo, Daniel Viondi, cree que lo que pretende la EMVS es "obtener al menos 64,38 millones de euros" para "saldar el despilfarro del alcalde", Alberto Ruiz-Gallardón, en la empresa.

"Nadie les obliga (a subastar los pisos), lo hacen porque la empresa no tiene liquidez y necesitan vender su patrimonio a toda costa, sin importarles un carajo las familias que viven allí", aseguró Viondi.

Según el edil, esta venta de una promoción completa de viviendas en alquiler desde un organismo público a la iniciativa privada es "la primera que se celebra en toda España", y junto con "las que vendrán" tendrán como causa "la pésima gestión" realizada por el PP en la EMVS, que ha llegado "al borde de la quiebra económica".

Por su parte, desde la EMVS explicaron que el dinero que se obtenga de la venta será invertido en crear un "verdadero parque de viviendas en alquiler", cuyos inquilinos tengan contratos de cinco años renovables y que puedan rotar cuando ya no cumplan los requisitos. Detrás de esta idea se encuentra un "cambio de modelo" en la política de vivienda protegida.