Álvarez y Gallardón firman mañana, sin Aguirre, el convenio de la Operación Chamartín tras 15 años de negociación

Actualizado: lunes, 22 diciembre 2008 20:53

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, firmarán mañana el convenio para la gestión y ejecución del Plan Parcial de reforma interior 'Prolongación de la Castellana-Proyecto Chamartín' tras más de quince años de negociación y ante la ausencia de una de las partes implicadas, la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, felicitará a la misma hora a todos los taxistas por los micrófonos del Radio Taxi-Gremial.

De esta manera, se alcanza un acuerdo que, ya la semana pasada, Fomento se encargó de explicar que estaba "cerrado" desde hacía tiempo a falta de concretar "algunos flecos" por parte del Gobierno regional, que ya avisó en su día que no firmaría ningún convenio de Infraestructuras si las promotoras que van a construir viviendas en estos terrenos no se hacían cargo de su financiación.

En este proyecto, al tratarse de un plan parcial, no se aplicará la Ley de Alturas aprobada el pasado año por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, mediante el cual se limita a cuatro altura la construcción de nuevos inmuebles en la región.

Esta operación es uno de los proyectos urbanísticos de mayor calado en Europa, en el que se enterrará la actual estación ferroviaria y se cambiará su uso urbanístico y el de su entorno con el fin de liberar 312 hectáreas de suelo para viviendas y oficinas. Implica también la prolongación del Paseo de la Castellana en 2,8 kilómetros hacia el Norte, y en un principio se estimó que iba a contar con una inversión global de 1.500 millones de euros.

En su largo trámite, el proyecto ha tenido varias revisiones, la más importante, la que amplió de 600.000 a más de tres millones de metros cuadrados la operación. De ellos, unos dos millones son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -antes Renfe-, otro medio millón corresponde a empresas públicas municipales y autónomas --como el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transporte (EMT)-- y el resto está en manos de particulares.

La clave para aumentar la rentabilidad del proyecto siempre ha estado en la edificabilidad permitida. El Ayuntamiento aprobó en 2002 una proporción de 1,05 metros cuadrados de edificación por cada metro cuadrado de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, similar a la de los rascacielos de la antigua Ciudad del Real Madrid. Pero aún tiene la llave para aprobar el plan específico para la zona.

En julio de 2006, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció el desbloqueo de la operación después de alcanzar un acuerdo con la operadora DUCH, encargada de explotar los terrenos, que incluía la construcción de 2.000 viviendas protegidas y que se desarrollaría en cinco años, quince menos de los inicialmente previstos.