PP dice que no se ha hecho una clasificación, sino que tan sólo se han publicado las notas
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, anunció hoy que IU pedirá al Defensor del Pueblo que intervenga "para evitar que se vuelvan a hacer públicos los datos de la prueba de Sexto de Primaria, que han posibilitado la elaboración de un ranking de colegios".
De esta manera se pronunció Sabanés después de que la semana pasada la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid hiciese pública la lista con los resultados por colegios por zonas y tipo de centro de la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables que realizaron los alumnos el pasado curso.
En rueda de prensa en la sede de la Asamblea de Madrid, la portavoz socialista, Maru Menéndez, también criticó que la Consejería de Educación haya dado a conocer los datos a los medios de comunicación antes que dárselos a conocer a los Grupos Parlamentarios.
Para Sabanés, la publicación de las notas de esta prueba por centro "vulnera claramente" el artículo 140.2 y el 144.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y lo establecido en la Orden 1979/2008 de 11 de abril de la Comunidad de Madrid. "Además es un disparate político y una grave irresponsabilidad", apostilló.
"Le vamos a pedir al Defensor del Pueblo que estudie la posible vulneración de la obligación de custodia de la Consejería de Educación, y que en función de ésta, recomiende al Gobierno regional que no vuelva a publicitar las notas como se ha hecho este año", matizó Sabanés para quien publicar los datos es un "tratamiento que no permite la ley" y que va "contra la LOE".
La portavoz indicó que la LOE establece que los resultados no pueden ser utilizados para la clasificación de centros y que la Administración Educativa debe custodiarlos. Además, explicó que quieren que el Defensor "haga una recomendación para que nunca más esta Comunidad pueda permitir incumplir su deber de custodiar los datos para que finalmente se haya puesto sobre la mesa una clasificación sin ningún matiz, reserva, corrección o criterio más allá que las zonas y las notas de los centros".
"GRAVEDAD EXCEPCIONAL"
En esta misma línea, Menéndez consideró de "una gravedad excepcional que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya presentado públicamente un ranking de centros", lo cual, a su juicio, "no solamente una cuestión ilegal", sino que es también una "cuestión inmoral".
Así, apuntó que lo que pretende el Gobierno regional con este ranking de centros es "promover la enseñanza privada-privada", y destacó que se "ha dado un duro golpe" a algunos centros que luchan por la Educación pública y la equidad en el acceso a ella. Además, dijo que la libertad de elección que apoya el Gobierno regional "trata de segregar a unos centros y a niños".
Por último, criticó que la publicación de las notas no va a aparejada de "ninguna intervención pública para paliar lo que son unos resultados en muchos casos que muestran unos no buenos resultados".
Mientras, en el lado opuesto, el portavoz popular, David Pérez, afirmó que el Ejecutivo autonómico no ha hecho ningún tipo de ranking de notas y de centros, sino que ha publicado las notas de los menores, lo cual es bueno para tener una mayor calidad en educación.
Pérez aseguró que "en absoluto ha habido ningún ranking", y reseñó que en otros países también se practica en otros países con buenos resultados.
DURO MAZAZO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Por su parte, la diputada regional y portavoz de IU en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, señaló que la publicación de este ranking ha significado "un duro mazazo para la comunidad educativa, y un grave prejuicio para muchos colegios".
"Es impresentable que haya sido la propia Administración la que haya difundido estos datos que tanto daño están causando a muchos centros educativos", apuntó Vaquero, quien recordó que en abril de 2006 el entonces consejero de Educación, Luis Peral, se comprometió a no publicar las notas para evitar comparaciones entre colegios".
En este sentido, señaló que ignoran los motivos por los que se ha cambiado de criterio, pero van a intentar "por todos los medios que esta situación no vuelva a producirse". "Como primer paso vamos a recurrir al Defensor del Pueblo, sin descartar otras acciones", concluyó la diputada regional.
