La ex alcaldesa ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Constitucional
ALPEDRETE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la exalcaldesa de Alpedrete Marisol Casado a siete años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público por un delito de prevaricación administrativa en un proceso de contratación municipal.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido dictada por la Sección Número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, y contra la misma no cabe recurso, por lo que la exalcaldesa ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional.
La denuncia fue presentada por Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Alpedrete, en 2011, por la contratación "a dedo" de dos trabajadores en el Consistorio.
El fallo se ha producido tras el recurso interpuesto contra la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid.
En sus Fundamentos, la Audiencia recoge que "Las deficiencias estructurales de plantilla -o simplemente las vacantes que existan- han de cubrirse por los medios legalmente establecidos, con escrupuloso respeto -como en toda decisión de las Administraciones Públicas- a los principios esenciales inspiradores de su actuación en cada ámbito".
"A juicio de la Sala, todos y cada uno de los elementos definidos jurisprudencialmente como configuradores del delito de prevaricación administra concurren en la contratación enjuiciada tal como se expresa en el relato de hechos probados de la Sentencia recurrida. Por ello, el recurso ha de verse acogido, y cuanto procede es la condena de la acusada como autora de un delito del artículo 404 del Código Penal, en la redacción vigente al momento de comisión de los hechos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal", detalla el documento.
Al respecto, en declaraciones a Europa Press, la responsable de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, Montserrat Gomis, ha señalado que la sentencia es una "satisfacción enorme" para la sección sindical a la que representa.
"Estamos muy satisfechos por que se dé veracidad a las pruebas que aportamos, en lugar de todo el ruido que aportó la alcaldesa en su defensa diciendo que era una manía persecutoria, cuando en realidad eran hechos probados. Ella contrató a dos personas sin ningún procedimiento, saltándose a la torera toda la Legislación laboral, y hurtando a la gente que está en el paro el derecho al acceso del Empleo Público", ha indicado.
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la exalcaldesa, que en la actualidad es portavoz del PP en el Ayuntamiento, ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional para "luchar" por su "honor".
"Es un sufrimiento muy grande. Es un gran disgusto. Voy a luchar por mi honor, porque es lo único que tengo. Mi honor y mi dignidad, y si me quitan eso, me quitan todo. Por lo tanto, voy a luchar hasta el último momento. Es insoportable ocho años con este sufrimiento no habiendo hecho nada, y que trámite tras trámite se ha demostrado. Esta injusticia que se ha hecho conmigo, yo me voy a defender", ha subrayado.
En este sentido, a través de un comunicado, ha asegurado que desde el año 2011 lleva "sufriendo" una "auténtica persecución" por una persona que "con la excusa" de una contratación por 6 meses a dos personas para el departamento de obras y "elegidos por el propio departamento", puso una denuncia "por lo penal, (cuando era un tema administrativo), y pasados casi ocho años el sufrimiento no se ha terminado".
La exalcaldesa ha indicado que "hasta el momento" el caso ha sido objeto de "dos archivos" y de "dos sentencias absolutorias" por "considerar los diferentes magistrados" que "en el ejercicio de su cargo como alcaldesa no había cometido ningún delito".
Según Casado, la persona denunciante "recurrió una vez más la última sentencia" y el fiscal "se opuso" a que se estimara el recurso. "Aun así, se le estimaron, y hoy se me ha comunicado que la Audiencia Provincial contraviniendo la doctrina de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos, revoca una sentencia absolutoria cambiándola por otra condenatoria, dejando de lado la opinión del magistrado que presidió el juicio y que escuchó todas las declaraciones absolutorias de todos los testigos", ha subrayado.
"Ante esta injusticia valga la redundancia voy a recurrir esta sentencia al Tribunal Constitucional y si fuera necesario al Tribunal de Derechos Humanos por haberse vulnerado mis derechos fundamentales. Por lo que estaríamos ante una sentencia que no es firme", ha concluido.
