MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha recurrido la ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y la medida Madrid Central al entender que "incide, limita y elimina derechos de los ciudadanos reconocidos y otorgados en la Ley que son suprimidos por la norma reglamentaria".
Tal y como recoge el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, este se interpone tanto contra la ordenanza, aprobada en Pleno el 5 de octubre de 2018, como contra Madrid Central, aprobado en Junta de Gobierno el 29 de octubre de 2018.
AEA asegura que la nueva normativa municipal "obliga a todos los vehículos que circulen o estacionen por la capital madrileña a disponer y exhibir un distintivo ambiental que les identifique según su potencial contaminante a partir del 23 abril de 2019 y prohíbe la circulación de aquellos que carezcan de él".
En el caso de la circulación por Madrid Central las restricciones empezaron el pasado 30 de noviembre, si bien el Ayuntamiento de Madrid anunció que no impondría sanciones hasta el próximo 15 de marzo.
AEA recurrirá las multas que se impongan a partir del próximo día 15 de marzo ya que entienden puede darse una "posible ilegalidad" por parte del Consistorio al imponer sanciones "por no utilizar distintivos medioambientales ya que a ningún ciudadano se le puede exigir el cumplimiento de una obligación, y mucho menos restringir su derecho a la libre circulación, sin que previamente exista una norma con rango de ley que lo ampare", como argumentan en el recurso judicial interpuesto.
En esta línea, la asociación cuestiona no sólo la legalidad del distintivo ambiental 'V-25' creado por la Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, sino también la clasificación realizada por la DGT, ya que a su juicio "ni la DGT tiene competencias para ello, ni la ley ha determinado quién debe expedir el distintivo, ni su formato, ni las prescripciones técnicas, ni tan siquiera el coste de expedición y quién debe asumirlo".
Respecto del precio que algunas entidades privadas están cobrando por la expedición del distintivo ambiental de la DGT (entre 5 y 10 euros), AEA advierte que este hecho podría constituir una "exacción ilegal" al no haberse regulado por ley el cobro de una tasa o un precio público por la prestación de un servicio de solicitud o recepción obligatoria como es el distintivo medioambiental.
Señalan, en esta línea, que la DGT tenía que haber notificado la clasificación ambiental a los afectados. Por último, AEA considera que la DGT ha dejado "indefensos" a millones de automovilistas españoles al haber realizado una clasificación técnica medioambiental de sus vehículos "sin habérselo comunicado fehacientemente a sus propietarios".
Consideran que de este modo se impide "el ejercicio del derecho a presentar recurso contra ella, en caso de no estar conformes".
