MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, y el alcalde de El Escorial, Antonio Vicente Rubio, firmaron hoy un acuerdo para potenciar los servicios de protección y defensa de los consumidores dotado con un presupuesto de 17.283 euros
"El objetivo es garantizar un mismo nivel de calidad en la gestión de los servicios locales de consumo, que redunde en una uniforme defensa y protección de los consumidores y usuarios de la región, con independencia del lugar donde residan", destacó Beteta.
A estos acuerdos de colaboración pueden acogerse los 81 municipios inscritos en el Registro Oficial de la Dirección General de Consumo, que disponen de oficina de atención al consumidor abierta al público y que tienen asumidas las competencias de consumo de información y gestión de reclamaciones, incluida la mediación.
El consejero recordó que la Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 1,7 millones de euros en 2009 a impulsar los servicios de consumo de los ayuntamientos, lo que supone un incremento del 30 por ciento desde el año 2003.
También manifestó que el pasado mes de junio la Comunidad firmó seis convenios de colaboración con otras tantas asociaciones de consumidores, que permiten consolidar la atención al consumidor en ayuntamientos de zonas rurales de la región que no disponen de oficinas de atención al consumidor, llegando así a atender un total de 135 municipios.
En este primer semestre, "la atención al consumidor se ha consolidado en los cuatro últimos años en nuestra Comunidad, e incluso es reconocida por municipios importantes gobernados por diferentes opciones políticas", según Beteta.
MÁS DE 20.300 CONSULTAS ATENDIDAS
En este sentido, ya se han atendido 20.396 consultas, lo que supone un incremento del 26 por ciento con respecto al año anterior. De la misma manera el número de solicitudes de arbitraje recibidas ha sido de 3.606 frente a las 2.446 del mismo periodo de 2008, lo que significa un aumento del 47 por ciento.
Beteta subrayó el "espectacular" aumento de las reclamaciones recibidas desde la Dirección General de Consumo, especialmente aquellas relacionadas con la facturación de la luz. De esta forma, en los seis primeros meses del año, los ciudadanos han presentado 19.752 reclamaciones, superando así las 16.042 recibidas a lo largo de todo el año 2008.
En cuanto a las reclamaciones por la factura de la luz, Beteta señaló que "la normativa aprobada por el Gobierno central permite incrementos que van desde el 5 al 25 por ciento, dependiendo de los distintos conceptos que se facturan, además del consumo real".
También denunció que "las medidas tomadas por el Ministerio de Industria en los últimos meses han provocado que las facturas y las subidas implícitas sobre las que los consumidores vienen reclamando, no puedan ser fácilmente identificables e interpretables, lo que unido a la liberación del sector energético producida el 1 de julio pasado y la falta de información y transparencia del Gobierno de España, está provocando una grave confusión en el consumidor, que se ve obligado a reclamar".
El consejero instó al Ministerio de Industria a retirar la facturación por consumo estimado y a informar convenientemente de los cambios en el sector a los consumidores, que "no tienen por qué convertirse en expertos en tarificación eléctrica para elegir la opción más conveniente".
