MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Son las vecinas más famosas de su barrio, Lavapiés, y se las conoce por el que parece ser su nombre de guerra, 'las abuelas del Ventorrillo', pero ahora tendrán que esperar hasta el 16 de enero para que el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid dictamine si el Ayuntamiento de Madrid puede ejercer una acción sustitutoria para arreglar sus viviendas, víctimas de un presunto caso de 'mobbing' inmobiliario.
Y es que aunque el juicio estaba previsto para el 11 de diciembre, la huelga de funcionarios de Justicia ha aplazado en el tiempo esta decisión, por la que el Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón podría sustituir a la empresa Sistema 23 si ésta no lleva a cabo las necesarias mejoras en la corrala del número 7 de la calle Ventorillo.
El caso de estas vecinas es uno de los más conocidos dentro de los posibles supuestos de una situación de acoso inmobiliario aunque, desgraciadamente, no es el único: parece que el también conocido como 'mobbing' del sector se ha asentado en todos los rincones de las grandes ciudades. Sus signos son evidentes y se pueden detectar con sólo echar un vistazo a los comportamientos de "violencia psicológica", como los definió el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, seguidos de una presión sistemática durante un tiempo para que la víctima abandone el vínculo contractual que tiene con su arrendador.
OBJETIVO: PISOS DE RENTA ANTIGUA
El objetivo es claro, dejar la vivienda libre de su inquilino habitual, que normalmente paga alquileres de renta antigua, para poder vender la propiedad o volver a arrendarla pero con un precio muy superior. Aunque el 'mobbing' es un fenómeno harto conocido, la realidad es que en el Código Penal español no lo tipifica expresamente como acoso inmobiliario pero estas conductas sí pueden ser constitutivas de delito o de una falta de coacciones, tal y como se recoge en los artículos 172 y 620.2 del Código Penal. Prueba de ello son las sentencias que ha sido dictadas en este sentido en el País Vasco y Cataluña.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, concretamente el portavoz, David Lucas, y el concejal de Urbanismo, Pedro Sánchez, se reunieron precisamente hace escasos días con las conocidas como 'abuelas del Ventorillo'. "Le pedimos al Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón que ponga todo de su parte y que inste a sus servicios urbanísticos para que hagan todo lo posible para que salga adelante esta acción judicial con el fin de ponerse a trabajar lo antes posible porque el edificio está en una situación penosa", señaló Lucas en declaraciones a Europa Press.
Como explicó el socialista, el edificio en el que residen estas ancianas ha conseguido ya algunas mejoras, como en lo que respecta a su seguridad por medio de una mayor presencia municipal, debido a que en la corrala pernoctaban tanto indigentes, al tiempo que era empleado como punto de encuentro de toxicómanos para inyectarse su dosis diaria.
Pero el PSOE ya anuncia que, aunque el Ayuntamiento se haga con la acción sustitutoria en este inmueble, seguirán luchando por "otras muchas zonas en Madrid" que no se han visto beneficiadas por los planes municipales de rehabilitación. "Estos planes del Ayuntamiento, iniciados en tiempos de José María Álvarez del Manzano, preveían la rehabilitación de casi 3.000 viviendas en la almendra central pero sólo se ha acometido en 400 de ellas, lo que demuestra que el plan es un fracaso", sostuvo Lucas.
CASOS DE BILBAO Y CATALUÑA
Todo ello se produce en un contexto en el que las primeras sentencias en este sentido empiezan a producirse: mientras un juzgado de Bilbao condenó a tres años y tres meses de prisión a un empresario acusado de ceder su piso en Getxo (Vizcaya) a un grupo de gitanos para lograr que el resto de vecinos abandonaran el edificio, otro de Barcelona condenó a un año a dos hermanos por 'mobbing' inmobiliario a una pareja en un piso de la Ciudad Condal.
Aunque legalmente la figura del acoso inmobiliario no exista, algunas administraciones se han puesto manos a la obra para combatirlo: ese es el caso del Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que firmaron hace un año un protocolo de colaboración para crear mecanismos de asesoramiento y ayuda a las víctimas, o el del Ayuntamiento de Barcelona, rubricado con la Fiscalía Superior de Cataluña para crear la figura del fiscal especializado en este tipo de 'mobbing'.
Las iniciativas también han llegado al Ayuntamiento de Madrid aunque sólo en forma de peticiones, las elevadas por el PSOE solicitando que la Corporación se adhiera al acuerdo firmado por la FEMP y que estudiará la viabilidad de firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía Superior de Madrid a los efectos de crear la figura del Fiscal especializado en el combate contra el mobbing inmobiliario, a imagen del impulsado por el Consistorio de Barcelona.
