MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, insistió hoy en que en la Cañada Real primero hay que llegar a un acuerdo social entre las administraciones implicadas para pasar luego a una interlocución ciudadana con entidades previamente identificadas por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM).
"Hay que reiterar que el Ayuntamiento no tiene previsto abrir la interlocución con los vecinos hasta que no exista un acuerdo social entre las administraciones y que no se reunirá con ninguna asociación de ocupantes de la Cañada Real hasta que no estén identificados los interlocutores, conjuntamente con la FRAVM, en el proceso de participación ciudadana a establecer", sostuvo la edil.
Esta posición dista de la expresada hoy por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que sostuvo que el Ayuntamiento de la capital debe recibir a los vecinos del Sector IV de la Cañada Real, independientemente de que estén o no adscritos a la FRAVM, para abordar los problemas del ámbito.
Esta entidad, que confirmó a Europa Press que no está vinculada a la FRAVM porque su interés "no está en la política" sino en "luchar para mantener las viviendas". Su presidenta confirmó también que no fueron recibidos en la sede de Urbanismo como en un principio estaba previsto, un extremo negado en todo momento por el Consistorio.
Sobre esta solicitud de encuentro, en la que el Sector IV propondía la opción de comprar los terrenos donde se levantan sus casas, la edil insistió en que el suelo de la Cañada Real ni se puede vender, ni es propiedad de los ayuntamientos, ni tiene uso residencial".
"Los ayuntamientos no podemos negociar con nadie la enajenación del suelo de la Cañada Real y, además, no es el momento de hablar de enajenación ni estamos legitimados para hacerlo, teniendo en cuenta que, hoy por hoy, la Cañada Real es un bien de dominio público y, por tanto, no se puede enajenar", remarcó la edil.
Martínez añadió que si se produce la desafectación, la Cañada Real "pasará a ser un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, al no ser propietarios del suelo, no lo podrán vender". Subrayó asimismo que el suelo de la Cañada Real "carece de uso residencial".
La popular defendió que la meta del Ayuntamiento de Madrid en la Cañada es "resolver un problema social, de seguridad pública y de respeto al Estado de Derecho". La hoja de ruta para abordarlo tiene una secuencia de etapas determinada, como recordó: aprobar la ley en los términos pactados con los ayuntamientos; elaborar el censo y analizar la situación social de cada familia; alcanzar un acuerdo social entre las administraciones; hacer los cambios en la ordenación urbanística que procedan y, sólo entonces "proceder a cualquier negocio jurídico".
La delegada hizo hincapié en que es muy importante que se siga cada una de las etapas en esta secuencia pues "un cambio en el orden de los factores alteraría el producto agravando, en lugar de resolver, el problema social, de seguridad pública y de desafío al Estado de Derecho presente en la Cañada Real".
