MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid podría contar, ya en el primer semestre de 2009, con una serie de entidades certificadoras autorizadas para otorgar licencias de funcionamiento provisionales y para gestionar las solicitudes de concesión de las definitivas por parte de los servicios municipales, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar situaciones de vacío legal en que se encuentran algunos empresarios que abren sin tener el permiso definitivo, según explicó hoy a Europa Press el gerente del Colegio de Aparejadores de Madrid, Luis Gil.
Tras la apertura del 'caso Guateque', una red de corrupción en el Consistorio de la capital relacionada con la concesión de licencias, el Gobierno local aprobó una primera batería de medidas para corregir la situación, entre las que se contaba la creación de una Inspección General de los Servicios, más recursos humanos para la tramitación de licencias, la digitalización de expedientes, y la aprobación de un Plan de Disciplina Urbanística basado en acciones preventivas, inspectoras y sancionadoras.
Además, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, aseguró que habría una segunda fase en esta reforma, que podría incluir cambios en la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias, que es en lo que parecen estar ahora trabajando el Ayuntamiento y los colegios profesionales.
En concreto, tras varias reuniones con el equipo de Gobierno, Gil explicó a Europa Press que se está sopesando una idea para poder tramitar las licencias de actividad y apertura a través de ciertas empresas, entidades o instituciones dotadas de la capacidad de emitir certificados de idoneidad.
"El Ayuntamiento tiene la idea de que esto prospere de aquí a un año, así que quizás en el primer semestre de 2009 podría estar funcionando, aunque puede que comience como una experiencia piloto en alguna Junta Municipal", señaló el gerente.
Así, los empresarios podrían dirigirse a estas instituciones con todos sus papeles. Técnicos de las mismas comprobarían que los proyectos y la realidad coinciden y que se cumple toda la normativa para otorgar esta licencia provisional y, después, ejecutarían todos los trámites municipales para obtener la definitiva. De este modo, los establecimientos podrían abrir "en dos o tres meses" sin tener que esperar "años".
Los técnicos municipales, por su parte, continuarían realizando todas las tareas de inspección y control, y además llevarían a cabo una auditoría "permanente" de estas entidades para comprobar que funcionan correctamente y que cumplen todos los requisitos exigidos.
Para poner en marcha este servicio se debería cambiar la Ordenanza y especificar qué requisitos deben cumplir los candidatos a obtener la certificación municipal. En esta categoría podrían haber "pluralidad en libre competencia" y podrían entrar tanto empresas privadas, "como en Barcelona", como colegios profesionales o, incluso, "asociaciones creadas por los colegios o consorcios de los mismos", apuntó Gil.
"Esto agilizaría los plazos, que serían más rápidos, porque ahora el problema es que hasta que no hay una licencia definitivo existe un periodo de inseguridad jurídica para los empresarios. Con este sistema, en dos o tres meses se podría abrir con todos los parabienes, quedando sólo a expensas de la licencia definitiva que, en principio, debería ser otorgada sin problema", añadió el gerente de los aparejadores madrileños.
