16 de octubre de 2019
  • Martes, 15 de Octubre
  • 6 de junio de 2018

    Ayuntamiento recurrirá la sentencia que condena a la EMVS a devolver a un arrendatario los gastos de comunidad

    Ayuntamiento recurrirá la sentencia que condena a la EMVS a devolver a un arrendatario los gastos de comunidad
    EUROPA PRESS - ARCHIVO

    MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

    El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia que condena a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a devolver a un arrendatario los gastos de la comunidad de una vivienda de protección oficial.

    Según ha informado fuentes municipales a Europa Press frente a esta sentencia, hay otra dictada por la Audiencia Provincial que "da la razón al Ayuntamiento", por lo que entienden hay "una discrepancia de doctrina" y recurren con el objetivo de que ambas se igualen.

    El Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid asegura que en la cláusula del contrato en la que se estableció este concepto no se fijó a cuánto ascendía el importe anual.

    Desde el Consistorio entienden que a pesar de que esto afecta a un inquilino en concreto "abre la puerta a que más personas" sigan esta dirección y recuerdan que se trata "del patrimonio de los madrileños".

    El consejero delegado de la EMVS, Francisco López, ha indicado en declaraciones a Europa Press que los servicios jurídicos están valorando la interposición del recurso. De no aceptarlo, "por supuesto" pagarán lo dispuesto en el fallo.

    De acuerdo con el fallo, el juez condena a este organismo municipal a devolver la cantidad abonada por el arrendatario en concepto de gastos de comunidad (que asciende a 4.876 euros, más los intereses legales) porque en la cláusula del contrato en la que se estableció este concepto no se fijó a cuánto ascendía el importe anual del mismo, lo que incumple la exigencia del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbano.

    Los hechos se remontan al 6 de agosto de 2004 cuando el denunciante como arrendatario y la EMVS como arrendadora suscribieron uncontrato de arrendamiento de una vivienda de protección pública al reunir el arrendatario los requisitos económicos exigidos por el Decreto 11/2001 para poder acceder a una vivienda de protección oficial.