MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Varios ayuntamientos gobernados por el PP en la Comunidad de Madrid, como el de Majadahonda o el de Pozuelo de Alarcón, han incumplido en varias ocasiones la ley de contratación ya que fraccionaron contratos o adjudicaron varias veces el mismo servicio a diferentes empresas para favorecer a corporaciones vinculadas con la trama Gürtel como Easy Concept o Down Town, según se desprende de uno de los informes que se encuentra dentro del sumario del caso Gürtel.
El informe recoge varias irregularidades cometidas por los Ayuntamientos populares como el fraccionamiento de contratos para convertirlos en menores la doble adjudicación de algún servicio, o la prima de los criterios subjetivos sobre los objetivos en la adjudicación de los contratos.
En el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, dirigido por Jesús Sepúlveda, el informe ve irregularidades en un expediente de la 'Operación asfalto de 2004' referido a un contrato para el asfaltado de algunas vías del municipio que se adjudicó finalmente a la UTE 'Instalaciones y Montajes eléctricos Velasco y asfaltos Vicálvaro S.L'. En este caso, el informe apunta a que tienen importancia los criterios de carácter subjetivo en la adjudicación.
Asimismo, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón celebró 38 contratos menores, por importe de 245.953,52 euros, de los cuales 29 fueron con la empresa Down Town Consulting SL, 7 con BoomerangdriveSL y 2 con Pasadena Viajes SL.
"Creemos que se ha podido producir un fraccionamiento del expediente a efectos de poder tramitarse como contratos menores y no cumplir los principio de publicidad y concurrencia", señala el informe respecto de un contrato presuntamente fraccionado relativo al 'Congreso Parques y Jardines 2004'.
El informe también apunta a irregularidades en la contratación del consistorio gobernado por Guillermo Ortega con acciones como el fraccionamiento de contratos y la adjudicación de un servicio a varias empresas. En el caso del expediente de 'Consultoría y asistencia para el diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano', el informe revela que sólo hubo una única oferta de la empresa 'Techonology Consulting Managemet (TCM) a quien se le adjudicó el contrato.
Asimismo, señala que la prórroga del contrato fue en realidad un nuevo servicio que se adjudicó directamente a TCM "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y transparencia". Asimismo, se le adjudicó de nuevo el contrato de atención al ciudadano de manera directa sin estar justificada la urgencia.
Para la gestión de la oficina se firmaron dos contratos, uno con TCM y otro con Down Town Consulting, y posteriormente, se sacó a concurso la 'concesión del servicio público de información y atención al ciudadano', del que destaca la "su similitud de criterios" con el expediente de 'consultoría y asistencia técnica' adjudicado a TCM, de manera que "se podría estar abonando el mismo servicio dos veces".
Además, el informe apunta a que se produjo el fraccionamiento de un contrato cuyo objeto era la 'Prestación de servicios a los ciudadanos sobre la introducción al euro'. "La finalidad de este fraccionamiento es incumplir los procedimientos de contratación con el fin de poder adjudicar directamente los contratos, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia", indica el escrito.
En el caso de Boadilla del Monte, cuyo ex alcalde, Arturo González Panero también está imputado en el caso, también se ven irregularidades en la contratación. Así, el informe habla de que en la adjudicación de los contratos reciben mayor ponderación los aspectos de carácter subjetivo.
"El ayuntamiento de Boadilla ha realizado operaciones con otras empresas del grupo sin que hayan facilitado información ni expedientes de contratación", afirma el texto, que cita como ejemplos un expediente de 'Trabajos de consultoría y estudios' por 17.624,53 euros facturada por Easy Concept Comunicación o con la misma empresa para 'El diseño de la revista Boadilla del Monte' por valor de 6.960 euros.
No obstante, el informe dice que los expedientes facilitados por el Ayuntamiento están "incompletos o falta información" y añade que "teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración inducen a considerar que no es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se ha remitido".
