MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. denunció hoy la "total inactividad de la Comunidad de Madrid" ante la llegada de 200.000 madrileños a la sanidad pública madrileña después de que el Gobierno central las haya suprimido de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
En opinión de CC.OO.,"no es de recibo que el Gobierno regional, entre cuyas competencias se encuentra la gestión de la asistencia sanitaria, se esté desentendiendo de los problemas de este enorme colectivo, que el día 1 de enero se quedó sin los médicos que les venían atendiendo en los últimos años".
El sindicato señaló en un comunicado que la supresión de estas entidades acarrea "problemas para los usuarios, especialmente para los que se encuentran con tratamientos en marcha o pendientes de intervenciones quirúrgicas", y "problemas para el Servicio Madrileño de Salud, que no está recibiendo ningún refuerzo que permita evitar que esta llegada masiva de nuevos beneficiarios deteriore la ya precaria situación de la asistencia sanitaria en la región".
"Que se iba a producir la referida desaparición de esas entidades colaboradoras ya era conocido por la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de octubre sin que hayan puesto en marcha otras iniciativas que las de culpabilizar al Gobierno central por esa actuación", apuntó el sindicato, que destacó que "la Consejería de Sanidad se ha negado de forma reiterada a tratar conjuntamente con las empresas y con los representantes de los trabajadores la nueva situación creada".
Así, consideró que "se ha contado con tiempo suficiente para organizar un tránsito ordenado de un sistema a otro" y señaló que eso "exige que se establezca un periodo transitorio de varios meses para dar una solución negociada al problema".
"La Comunidad de Madrid tiene competencias para mantener un sistema complementario de asistencia sanitaria que considera un derecho adquirido a través de la negociación colectiva y similar al que venían disfrutando estos trabajadores atendidos por las colaboradoras", indicó el sindicato que afirmó que "la negativa de la presidenta regional a negociar e incluso a hablar sobre esta propuesta, parece obedecer únicamente al intento de utilizar a este colectivo como rehenes en esta nueva confrontación con el Gobierno de la nación".
