23 de marzo de 2019
  • Viernes, 22 de Marzo
  • 18 de febrero de 2019

    La comisión de Deuda concluye que no hay informes técnicos que justifiquen inversiones de M-45 o Campus de la Justicia

    La comisión de Deuda concluye que no hay informes técnicos que justifiquen inversiones de M-45 o Campus de la Justicia
    OSCAR DEL POZO - EUROPA PRESS - ARCHIVO

    MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

    El dictamen de la comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid ha concluido que no hay informes técnicos que justifiquen inversiones en Metro Ligero, M45, hospitales o Campus de la Justicia.

    Así se desprende del borrador del dictamen de la comisión de deuda, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que se aprobará mañana en comisión previsiblemente con el voto en contra del PP, han informado fuentes parlamentarias.

    En el caso del Campus de la Justicia consideran que determinadas decisiones políticas "significaron la utilización indebida de dinero público".

    Los grupos están de acuerdo con que los edificios destinados a albergar las sedes judiciales de la región están "viejos y obsoletos y adolecen de problemas como mala climatización, grietas o malos olores" y, sin embargo, "no se ha hecho ningún informe técnico, un estudio de la demanda o de las alternativas que avale la inversión de más de 500 millones de euros".

    La necesidad de reunir en un mismo espacio las dispersas sedes judiciales de la ciudad de Madrid fue, según se desprende del dictamen, "el origen de esta iniciativa sin que pudiese saber si esa alternativa era mejor que no concentrarlas".

    Por otro lado, se anunció que el Campus de la Justicia se haría "a coste cero", porque se financiaría en su integridad con cargo a la venta de los edificios judiciales ya existentes.

    La previsión inicial del coste del proyecto eran 500 millones de euros. Pero, según el dictamen, este presupuesto inicial "no incluía gastos esenciales como la construcción de un intercambiador, ni un porcentaje para cubrir contingencias (que se preveía alto), ni los costes de la Sociedad Campus de la Justicia S.A., ni las dotaciones informáticas (presupuestadas en 130 millones de euros por parte de la Agencia ICM)".

    Asimismo, en la gestión del proyecto se constataron conductas que "apuntan claramente al despilfarro y otras posibles responsabilidades", como la ausencia de documentación sobre utilización de tarjetas de crédito Visa Platino", la ausencia de control de los saldos bancarios o una "excesiva discrecionalidad en el proceso de contratación de proveedores y contratistas".

    "FALTA DE DOCUMENTACIÓN"

    En materia de personal, han destacado la falta "prácticamente absoluta de la documentación soporte que debería haber dado cobertura formal a la contratación realizada por la sociedad Campus de la Justcia"; ya que en algunos momentos, "llegó a tener simultáneamente tres directores de seguridad, cuando ni siquiera habían comenzado los trabajos de construcción".

    Uno de los tres, además, fue "nuevamente contratado, por la Consejería de Justicia, al día siguiente de ser despedido, de la empresa pública con fecha 7 de mayo de 2010, abonándole una indemnización de 105.000 euros, cuando era evidente que se trataba de una sucesión de empresa entre la sociedad pública y la Consejería de Justicia".

    "No ha aparecido la documentación pertinente sobre este y otros despidos, ni sobre los procedimientos judiciales, han lamentado en el dictamen.

    Por otra parte, creen que "gran parte de las empresas que han resultado concesionarias aparecen en los sumarios judiciales de las tramas de corrupción". "El caso de la compra de la empresa Emissao es en sí un caso de corrupción en fase de investigación", recogen.

    Además, alertan de que podría haberse hecho "una gestión fraudulenta del sistema de contratación como en el caso del Canal de Isabel II que tiene una investigación abierta o en el Campus de la Justicia como indican el Tribunal de Cuentas y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid".

    La compra de Emmisao creen que es una operación financiera de carácter "especulativo". La secuencia de los hechos "demuestra que en realidad no se ha comprado nada, sólo una empresa vacía sin actividad".
    "El resultado es una pérdida de 36 millones de euros que han pagado las arcas públicas", han sostenido.

    En el caso de la M-45, en el Plan Regional de Carreteras 1994-2001 consideran que "no se hace ninguna mención a la necesidad de una nueva carretera como la M-45 ya que según los técnicos de la Consejería, la construcción de la M-50 era suficiente para el desarrollo transversal de la región".

    Sin embargo, el 18 de diciembre de 1997, el consejero de Transportes e Infraestructuras, Luis Eduardo Cortés y el que era entonces presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón firmaron el acuerdo por el que se aprecian "urgencia para la ejecución" sin que la comisión haya encontrado "justificación técnica".

    Sobre Metro Ligero han llegado a la conclusión de que "se suceden reequilibrios y se observa precisión y diligencia en los reequilibrios a favor del concesionario por Complementarios y Rendimiento Mínimo de Demanda" y una "negligencia en reequilibrios a favor de la Administración por ahorro de costes no reclamados".

    Han señalado estos contratos de Metro Ligero de "difícil seguimiento y análisis" en el que la Comunidad de Madrid y la Consejería no consta hayan tenido iniciativas de control ni actuaciones que puedan demostrar diligencia en el control por iniciativa propia". "No hay voluntad de supervisar, fiscalizar el cálculo de reequilibrios, detrimentos... Nadie solicitó de estos órganos fiscalizadores ninguna actuación", han sostenido.

    ELEVAR EL DICTAMEN A LA FISCALÍA

    Por todo ello, los grupos ven necesario "elevar" a la Fiscalía Anticorrupción este dictamen para que "pueda analizar si de él se desprenden ilícitos penales, civiles o administrativos".

    En los casos en los que se haya detectado, Canal y Ciudad de la Justicia, o pudieran detectarse a futuro recomiendan "la personación de la Comunidad de Madrid, en las causas abiertas, instando las acciones penales en calidad de perjudicada".

    "Es necesario esclarecer responsabilidades penales y contables cuando las hubiera entre los responsables y analizar la validez de los contratos firmados en el caso de que éstas concurran", han pedido.