MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La comisión electoral de Caja Madrid continuará hoy lunes con la discusión sobre la impugnación presentada por el Ayuntamiento de Madrid respecto al reparto de consejeros cedidos por la Casa Real, así como respecto al recurso judicial presentado por el Consistorio solicitando al juez la suspensión del proceso electoral antes del 9 de octubre.
La última reunión, la semana pasada, estuvo marcada por una fuerte discusión entre 'aguirristas' y 'gallardonistas' sobre el curso que debía darse a la documentación presentada por el Ayuntamiento de Madrid, que impugna el reparto de los 64 representantes cedidos por la Casa Real en noviembre de 2008.
Los 'aguirristas' comenzaron reclamando la inhibición de Serrano a la hora de decidir si se acepta la impugnación del Consistorio, a la luz de una supuesta incompatibilidad por ser Defensor del Contribuyente de la capital, y por tanto parte interesada.
Dado que la polémica ha vuelto a saltar a los medios de comunicación, los miembros de la comisión, presidida por Fernando Serrano (PP, Ayuntamiento), acordaron informar al Rey de que, en función de la nueva Ley de cajas de ahorros autonómica, los consejeros cedidos por Zarzuela se repartirán entre entidades representativas, Asamblea de Madrid y empleados. Asimismo, convinieron en enviar cartas informando sobre la situación a las partes afectadas: la Corona, la Asamblea de Madrid, las corporaciones locales y las entidades representativas.
El Ayuntamiento pretende que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de Madrid (53), los ayuntamientos (80) y las entidades representativas (62) para que den los nombres de sus representantes en la asamblea general antes del 9 de octubre, al considerar erróneo el reparto entre sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, al excluir a las corporaciones locales.
Argumenta que, en el momento en que la entidad fundadora renunció a dichos puestos en la asamblea general de la Caja, en noviembre de 2008, "aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona acrecentarían proporcionalmente por igual a todos los sectores".
