MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen Rodríguez, tildó la última propuesta del Ejecutivo central sobre el Plan de Vivienda para 2009-2012, presentada esta mañana a las comunidades autónomas, de "involucionista" al regular todo lo que no son sus competencias.
Antes del verano, el Ministerio de Vivienda, comandado por Beatriz Corredor, "presentó un borrador del Plan Estatal de Mínimos, donde se establecían las líneas generales y donde cada comunidad autónoma podría desarrollarlo en su territorio según sus necesidades", dijo Van Halen.
Esta propuesta entusiasmó a los responsables autonómicos de Vivienda, al contrario que la llevada esta mañana a la mesa por el gabinete de Corredor. "Hay un claro regreso involucionista y se regulan muchas cosas que no son competencia del Estado, sino de las Comunidades", apuntó Van Halen.
El primer punto tratado en el que la Comunidad de Madrid se encuentra disconforme es el de la calificación de la vivienda. La vivienda protegida se encuentra sujeta a limitaciones durante un número de años cuya potestad para determinarlos corresponde a las comunidades. "En Madrid se puede descalificar a los 15 años. No toda la vida tiene que estar protegida", apostilló.
Ahora, el Ministerio de Vivienda propone que el inmueble protegido ubicado en suelo privado se descalifique a los 30 años, "lo que supone una limitación a la propiedad privada intolerable". Y lo que es peor, apuntó el director general de Vivienda, "las que se sitúan en suelo protegido, ya sea privado o público, no se descalificarán en la vida".
Otro de los puntos que ha creado polémica es el de la creación de un registro de demandantes, es decir, un listado en el que se encuentren todas las personas que quieren adquirir una vivienda protegida. Para la Comunidad esto supone "una política intervencionista clara", ya que, si un promotor privado cumple los requisitos legales y los ciudadanos también, "el Estado no tiene porqué intervenir en ello".
Y para finalizar, "el Ministerio de Vivienda ha propuesto que los ayuntamientos participen en la fijación de los precios máximos de la vivienda protegida, algo que, según la Constitución, es competencia de las comunidades", aseguró.
En este sentido, la Cartera de Vivienda determina cada año el precio máximo del metro cuadrado de la vivienda protegida, y son las comunidades autónomas las que fijan el precio que alcanzará éste en su territorio "en función de criterios objetivos de población, renta, demanda o coste del suelo", explicó Van Halen.
"Ahora los ayuntamientos decidirían si respetan ese precio o no, y un proceso objetivo se convertiría en subjetivo", añadió el director general de Vivienda y Rehabilitación, quien añadió que no sólo las comunidades de signo político contrario al del Gobierno central estuvieron en contra de estas medidas, "también otras como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha se opusieron", concluyó.
