MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid inicia los trámites de la ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El Consejo de Gobierno ha estudiado este martes un informe sobre el anteproyecto de esta normativa, que busca permitir que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han desgranado el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el consejero de Justicia, Víctimas e Interior, Enrique López, en rueda de prensa.
"Uno de nuestros principales objetivos es que los ciudadanos confíen en este Gobierno, independientemente del partido al que hayan votado. Para confiar lo necesario es aportar por la transparencia y la regeneración", ha remarcado Aguado.
En el Ejecutivo autonómico no quieren, tal y como ha indicado López, que se dé una "apariencia de parcialidad como consecuencia del origen de los nombramientos". Este cambio normativo fortalece "la imagen" y profundiza también en "el mérito y la capacidad" de los mismos, dado que la Asamblea no está obligado a tener esto en cuenta para su elección.
En concreto, se pretende modificar dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
En el primero se propone que en las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Hasta ahora la elección se realiza, a partir de una terna, a propuesta de la Cámara autonómica.
Con el cambio legislativo planteado, las restantes plazas también serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad autónoma, como ya se hace en la actualidad.
En el otro artículo que se modifica, se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea y, al igual que en el anterior punto, se sustituye por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuando se apruebe el anteproyecto de Ley en el Consejo de Gobierno, continuará la tramitación hasta que le dé luz verde como proyecto y luego se enviará a la Asamblea. De salir adelante, la Cámara regional lo remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados, quien tiene competencias para su aprobación.
