MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid propone una inhabilitación de la directora de la residencia Los Nogales por un plazo de cinco años, tras comprobar que ocultaba a la Consejería de Políticas Sociales denuncias y quejas de los familiares, así como una sanción de 78.622 euros al centro por desatención de la prestación del servicio que "ha provocado situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios".
Estas decisiones se han tomado después de que en la mañana de este jueves inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor hayan realizado sendas visitas al centro y hayan elaborado actas al respecto, según han informado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.
Asimismo, los inspectores, por considerar como falta muy grave los hecho denunciados por la Fiscalía, han incoado un procedimiento sancionador, en base al artículo 30 de la ley 11/2002 de 18 de diciembre, en el que se propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora que era de 120.000 euros. Esta decisión estará supeditada a la resolución judicial en curso puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.
"RESPUESTA CONTUNDENTE"
Por otra parte, estas mismas fuentes del Ejecutivo autonómico han aclarado que todos los centros de personas mayores financiados por la Comunidad de Madrid están sujetos a un sistema de control y vigilancia a través de dos procesos.
Por un lado, los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor realizan visitas periódicas de control y seguimiento de los Pliegos que establecen las obligaciones de la prestación del servicio de atención residencial y de centro de día del centro residencial. Y, además, la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA) la Comunidad de Madrid realiza controles adicionales sobre los centros.
En este sentido, han asegurado el Gobierno regional realiza el doble de las inspecciones que exige la ley. Concretamente, aseguran que, en 2018, la Comunidad de Madrid ha realizado 4.126 inspecciones en sus más de 1.200 centros en 2018.
La Comunidad de Madrid quiere mostrar su más absoluto "rechazo y repulsa" por los hechos conocidos a través de la denuncia de la Fiscalía contra estos los trabajadores del centro. Igualmente, han trasladado su compromiso a los familiares de los residentes de que lo denunciado tendrá "una respuesta contundente" por parte del Gobierno regional. "No se va a mostrar ningún signo de tibieza ante unos hechos que a todos nos han sobrecogido", indican.
Así, han reiterado su "absoluta condena" así como su "enérgica firmeza a la hora de actuar contra este tipo de acciones". Han querido además "hacer un llamamiento a la tranquilidad, entre la opinión pública y especialmente entre los familiares de residentes para no señalar ni estigmatizar a los profesionales que trabajan en estos centros cuya excelente labor y compromiso diarios no se puede ver machado por el comportamiento de determinadas personas".
