MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El proceso judicial sobre el 'caso Coslada' podría quedar paralizado durante más de cuatro meses ante la previsión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, de plantear a la Audiencia Provincial de Madrid una cuestión de competencia para que resuelva a quién le corresponde investigar los hechos que se refieren exclusivamente a la trama corrupta comandada supuestamente por Ginés Jiménez Buendía, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
El conflicto de competencias se debe a la decisión de la juez de Instrucción número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, de rechazar por segunda vez hacerse cargo del procedimiento judicial tras la inhibición a su favor acordada el pasado 23 de mayo por Cruz Torres.
Tras levantar el secreto sumarial, el magistrado decidió apartarse de las pesquisas para centrarse en la parte del sumario sobre la red mafiosa de prostitución asentada en el distrito madrileño de Vicálvaro. Estimó que su compañera debía de encargarse de los hechos cometidos en Coslada a tenor de que conoció de las pesquisas al inicio de la 'Operación Bloque', que se practicó el pasado 8 de mayo. De hecho, la magistrado ordenó las detenciones y el ingreso en prisión de once de los 13 agentes actualmente encarcelados.
Sin embargo, Martínez dictó la semana pasada un auto en el que rechazó el asunto debido a que la pista seguida en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, a través del Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial, contra la mafia de prostitución desencadenó la 'Operación Bloque' contra el antiguo jefe del Cuerpo de la Policía Local de Coslada y varios de sus agentes.
Ante las idas y venidas de la causa, Cruz Torres ha decidido poner punto y final a esta travesía judicial para no seguir bloqueando la investigación. No obstante, ésta quedará paralizada hasta que la Audiencia de Madrid no se pronuncie sobre la cuestión de competencia, lo que se podría prolongar durante más de cuatro meses.
Según las fuentes consultadas, el magistrado podría modificar en los próximos días la situación personal de algunos de los policías que cumplen prisión preventiva en el penitenciario de Alcalá Meco. En el procedimiento están imputados cerca de 26 agentes, de los que trece permanecen en prisión desde el pasado 13 de mayo.
Por ahora, los abogados de Ginés Jiménez y de Adrián Jaramago han presentado sendos escritos en los que reclaman la libertad provisional de sus representados. Aunque las peticiones se pusieron encima de la mesa de la juez de Coslada, será Cruz Torres quién decida , a instancias del fiscal, sobre la situación personal de los imputados.
