MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una*demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en la que pide que en un plazo de 24 horas se ponga a disposición de todos los centros hospitalarios, de atención primaria, SUMMA 112, además de las residencias de mayores y personas discapacitadas, los medios de protección "necesarios y adecuados a fin de preservar la salud de los trabajadores" frente al coronavirus.
CSIF Madrid pide también al TSJM que establezca la obligación de la Consejería de Sanidad de "no incumplir y atenerse" al protocolo del Ministerio de Sanidad del pasado 26 de marzo y de no realizar protocolos al margen que disminuyan las garantías. En caso de desatender estas obligaciones, solicitan que se establezcan multas a razón de 1.000 euros por cada trabajador que se acredite que está desatendido en cualquier centro de la Comunidad.
Esta demanda se presenta un día después de que el sindicato a nivel nacional haya interpuesto una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, por su gestión de la crisis del coronavirus.
CSIF Madrid, en su escrito ante el TSJM, pide todas estas medidas cautelarísimas en materia de derechos fundamentales (derecho a la vida y a la integridad física) y de prevención de riesgos laborales, por no poner a disposición de los trabajadores de los hospitales y residencias de la región mecanismos de protección "mínimos y suficientes". Así, señala que tras la entrada en vigor del real decreto del estado de alarma, la Consejería "con claro desprecio a este texto no tomó las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de sus trabajadores".
"Todo este colectivo de trabajadores va a desempeñar sus funciones sin la necesaria protección sanitaria, lo cual ocasiona un grave peligro para ellos y para los usuarios, toda vez que existen empleados prestan servicios de ayuda a domicilio a personas de avanzada edad y dependientes, realizando tareas tales como limpieza del hogar o aseo personal de los usuarios, entre otras muchas que implican el contacto directo con los mismos", indica la demanda.
"Pese a la interposición de cinco denuncias en diferentes centros y una colectiva dirigida al SERMAS, la Consejería persistió en no facilitar a su trabajadores los EPIs, toda vez que*se ha limitado a entregar una serie de material que resulta notoriamente insuficiente caducado en ocasiones; material que no cumple los protocolos establecidos, proporcionando en ocasiones material del todo inadecuado e insuficiente, como un todo vale, poniendo así en riesgo la salud de los trabajadores y de los pacientes y acompañantes", añade el sindicato.
Tras señalar que además de suministrar "mascarillas insuficientes" y que éstas eran FFP1 (mascarillas quirúrgicas) cuando las utilizadas para la prevención del Covid-19 son las FFP2, el escrito recuerda la obligación legal de la empresa o administración empleadora de dotar a sus trabajadores de los medios preventivos necesarios.
"No cabe sino concluir que la entidad demandada está obligada a entregar de manera inmediata, y en un plazo máximo de 24 horas, las medidas de prevención requeridas por la parte actora, pues las mismas se consideran absolutamente necesarias para que los trabajadores y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar más el contagio", añade.
CSIF aclara en su escrito que pide medidas cautelarísimas "dado el peligro que acarrearía, por la mora procesal, la no pronunciación inmediata del derecho de aquí se solicita, debido a la rápida propagación del virus y la afectación del mismo sobre la salud de los trabajadores si estos carecen de la protección necesaria".
Por todo ello, esta central sindical pide a la Sala de lo Social del TSJM, como garante último de la normativa de prevención de riesgos laborales incluso con carácter previo a la posible causación del daño, que obligue a la Comunidad de Madrid "a entregar de manera inmediata y en un plazo máximo de 24 horas los medios de prevención requeridos para que los sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar más el contagio".
