Dancausa pide al PSOE que reconozca que Ley de Dependencia "no funciona" y que el Ayuntamiento debe cubrir "lagunas"

Actualizado: martes, 29 junio 2010 15:36

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Familia y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, pidió hoy en el Pleno al Grupo Municipal Socialista que "reconozcan que la Ley de Dependencia no funciona" y que lo que pretenden es que el Ayuntamiento "cubra las lagunas", tanto del Estado como de la Comunidad.

"Pretenden (en referencia al PSOE) que el Ayuntamiento supla lo que no hace la Comunidad, nos piden que nosotros financiemos lo que ellos (Gobierno regional y central) no hacen y eso no puede ser porque si dedicáramos nuestros recursos a lo que tienen que hacer el Estado y la Comunidad perjudicaríamos a las personas a las que tenemos que atender", argumentó Dancausa.

Dancausa insistió en que el Ayuntamiento "no ha recortado la ayuda a domicilio" para, a renglón seguido, opinar que la oposición puede que confunda algunos aspectos de la Ley de Dependencia con la ordenanza municipal. La primera, como recordó la concejala, "atiende a las personas reconocidas como dependientes por la Comunidad" mientras que la segunda, claramente preventiva, "regula el acceso a los servicios que el Ayuntamiento presta como consecuencia de la Ley de Servicios Sociales y la de Bases de Régimen Local".

En definitiva, la responsable de Familia y Servicios Sociales aseveró que el Ayuntamiento "mantendrá la ayuda a domicilio hasta que esas personas son declaradas dependientes" en un contexto complejo, con 46.000 prestaciones de ayuda a domicilio y con unos 7.000 cambios mensuales.

Además, Dancausa apuntó que, en su opinión, la decisión del PSOE de volver a traer los servicios de ayuda a domicilio al Pleno responde a su intención de "tapar los errores de la Ley de Dependencia" ya que "se tarda en atender a las personas más de lo que habían previsto".

DIFERENCIAS EN LA OPOSICIÓN

En la sesión plenaria de hoy la oposición defendió posturas diferentes ya que si el PSOE, a través de la concejala Carmen Sánchez Carazo, abogó por una modificación de la ordenanza de ayuda a domicilio, IU, en boca de la edil Milagros Hernández, sostuvo que la raíz del problema no es ésta sino que se encuentra en el hecho de que "no haya convenio" entre Ayuntamiento y Comunidad para desarrollar la Ley de Dependencia.

A través de ese convenio se establecería la hoja de ruta del reparto del dinero, que debería llegar a las arcas municipales para crear una red única de atención. La propia Dancausa aseveró que se firmará próximamente y que tendrá carácter retroactivo con el fin de que "nadie quede desatendido".

Sin embargo, esa promesa no fue suficiente para la concejala de IU. Hernández puso como ejemplo el caso de una persona con algún problema de movilidad y que necesite ayuda a domicilio para limpiar, quien sí recibe el servicio municipal con la nueva ordenanza, aprobada en octubre. Sin embargo, una situación más grave, con una persona encamada, "puede no tenerla" al responder "al modelo de dependencia con el que no se tiene acuerdo con la Comunidad".

En este mismo sentido se expresó la socialista Carazo, que dijo que algunas de las personas que reciben el grado de dependiente por la Comunidad a través del PIA y que contaban con el servicio de ayuda municipal ven como esta prestación se les retira o se les deniega. "Planteamos una modificación de la ordenanza para que las personas a las que se le reconoce su grado de dependencia a través del PIA sigan recibiendo la ayuda (municipal) hasta que reciban la prestación necesaria con el fin de que puedan llevar una vida digna", defendió la edil.

Por otro lado, Milagros Hernández también reprochó "la mala gestión" de los contratos de ayuda a domicilio por parte del director general del Mayor en el Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. El actual expirará a primeros de septiembre y el siguiente no entrará en vigor hasta enero, "con lo que se ahorran tres meses". Eso se traduce además, en palabras de la edil de la coalición de izquierdas, en las órdenes de reducción de horas que han dado a las trabajadoras sociales.