MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Consejería de Policías Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid que comuniquen las ausencias y huidas de menores tuteladas de sus centros, al tiempo que ve negativamente la alternativa de alojarles en hostales.
En el Informe anual presentado este mes ante el Congreso y el Senado, señalan que una fundación solicitó la intervención del Defensor del Pueblo ante la situación en la que se encontraba un grupo de nueve menores en un parque cercano a un centro de protección de Hortaleza. Fueron localizados mojados y con frío a causa de la lluvia y de las bajas temperaturas.
Por ello, iniciaron actuaciones con la Fiscalía General del Estado, los servicios de protección de menores y la Policía Nacional. La Fiscalía General informó del seguimiento por el fiscal de Sala Coordinador de Menores de los menores que pernoctan en el parque y de las reuniones mantenidas con la Dirección General del Menor de la Comunidad para solventar las reiteradas fugas de estos menores de los centros y su presencia en el parque.
Asimismo, se comunicó el traslado de este asunto a la Sección de Menores de la Fiscalía de Madrid, a efectos de aclarar la situación generada y corregir el protocolo de actuación de la Policía Nacional en situaciones semejantes. La Consejería remitió los datos de los menores implicados que figuran en sus expedientes, en tanto que la Comisaría General ha informado de los que constan en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
Tras el estudio de dicha información, el Defensor comprobó la falta de actualización de las bases de datos policiales, que tampoco reflejan la fuga de los menores de los centros de protección asignados. Por ello, comunicó a dicha Comisaría que la exactitud de los datos contenidos en el citado registro "constituye uno de los instrumentos más eficaces de la protección del interés superior de los menores y es la única información fidedigna sobre los mismos, siendo además una herramienta imprescindible para su localización, en caso de abandono del centro de protección".
Asimismo, ha recordado a la Consejería "el deber legal que le incumbe de informar puntualmente de las modificaciones de la situación de los menores y de su ausencia de los centros de protección asignados a las autoridades policiales, al objeto de mantener actualizado el citado registro".
CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA ISABEL CLARA EUGENIA
En noviembre de 2016 la Institución realizó una visita de inspección al Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia y al parque cercano, en la que se comprobó que un número aproximado de doce menores, que afirmaban estar tutelados o bajo guarda de los servicios de protección, pernoctaban junto con otros jóvenes en el parque en condiciones lamentables de salubridad.
A la vista de la situación de riesgo de los menores, así como de las manifestaciones realizadas por estos sobre malos tratos por personal del centro, el departamento que dirige Francisco Fernández Marugán inició actuaciones con la Consejería de Políticas Sociales, trasladando dicha cuestión a la Fiscalía General del Estado.
En el informe emitido se comunicaba que dentro del colectivo que frecuenta el parque existe un grupo, tanto mayores como menores, con un "perfil de alta resistencia a la interacción con otros grupos sociales y a la convivencia, a mantener un compromiso con las exigencias que requiere un proyecto vital de formación, de entrenamiento en habilidades o de aprendizaje, encontrando seguridad en una identidad grupal, anclada en posiciones marginales y con valores muy alejados de lo deseable".
Por ello, se estableció una coordinación en el Centro de Primera Acogida Hortaleza, que deriva los menores que se encuentran fuera del centro con problemas de consumo de sustancias tóxicas a recursos adecuados, trabajando una mediadora de calle del Ayuntamiento de Madrid con los menores.
Se asignaron a los menores con problemas de conducta centros ajustados a sus necesidades y los directores y educadores de los centros, en los que los menores tienen plaza asignada, se desplazaban en numerosas ocasiones al parque para lograr una vinculación y que acepten la intervención educativa.
En relación con los malos tratos alegados por los menores, se informó de que los mismos se enzarzaron en una pelea, en la que sufrieron distintas heridas, siendo atendidos en la enfermería del centro. Más tarde, en el comedor continuó la pelea, por lo que se avisó al personal de seguridad para contener la situación.
El Defensor está la espera de recibir información complementaria de la Administración acerca del resultado de las medidas adoptadas para mejorar la situación de estos menores.
De modo similar, la Fiscalía General del Estado dio cuenta de las actuaciones realizadas para el retorno de estos menores a sus centros. Se comunicaba además que ninguno de los menores estaba tutelado por la Comunidad de Madrid, sino bajo guarda de hecho, al no haberse podido adoptar su tutela debido a las continuas fugas.
Sobre las barreras burocráticas y la dificultad para acceder a los centros, entre las que destaca el rechazo de la entrada de los menores que regresan tras un período de ausencia voluntaria, si no van acompañados de autoridad policial, la Institución constató dicha cuestión en la visita de inspección realizada por los fiscales de menores, en la que la dirección del centro reconoció que, por aplicación del protocolo marco de los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid, si el menor que regresa figura en el 'listado de altas', se le permitía su acceso sin necesidad de acompañamiento policial.
Sin embargo, si no figura en dicho listado y se desconoce su identidad o si está fugado de otro recurso de protección, se le informaba de la necesidad de trasladarse a una comisaría y se exigía su ingreso con acompañamiento policial.
La fiscal decana delegada de menores puso en conocimiento de las autoridades competentes "lo improcedente de tal actuación, toda vez que en su condición de centro de primera acogida, si alguien se identifica como menor y manifiesta su desamparo, se debe admitir su ingreso, con mayor motivo en caso de que haya estado ingresado con anterioridad".
ALOJAMIENTO DE HOSTALES
Por otro lado, el Defensor tuvo conocimiento de la situación en la que se encontraban un número indeterminado de menores tutelados por los servicios de protección madrileños, alojados en habitaciones de hostales del centro de Madrid. Habían sido derivados a un programa de transición a la vida adulta gestionado por una asociación.
El citado programa tan solo era utilizado por menores extranjeros no acompañados, de 15 años hasta la mayoría de edad. En los hostales en el centro de Madrid, proporcionándoles el desayuno y las comidas en establecimientos hosteleros próximos.
"Los menores vivían solos en habitaciones de hostales, sin contar con un control y con un apoyo constante de educadores, que únicamente les visitaban de modo ocasional. No contaban con una asignación económica que les permitiera hacer frente a los gastos en transporte, recarga de móvil o ropa", señala el informe.
En su respuesta, la Consejería comunicaba que el citado programa, denominado de 'seguimiento externo' estaba destinado a menores que se encontraban en una fase avanzada de su proyecto de autonomía. Dos educadores, contratados por la asociación adjudicataria del servicio, se encargaban de diez menores que se encontraban alojados.
A juicio de Consejería, el alojamiento en hostales se está llevando a cabo con éxito en otras comunidades autónomas. Sin embargo, admiten que tuvieron que finalizarlo "debido a la repercusión en medios de comunicación y a su impacto negativo en el trabajo educativo con los menores". El Defensor ha concluido la actuación dando una "valoración negativa" de este programa.
