MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio para que el Ayuntamiento de Alcorcón informe sobre "las circunstancias que han llevado a que 83 familias" adheridas al Plan Permuta a "perder sus viviendas".
"La Institución considera que debe dar una respuesta a esta situación de emergencia social y ha pedido una solución habitacional y una atención adecuada para las casi 100 personas que podrían quedarse en la calle", según se recoge en el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
En 2011 el mencionado plan permitió a estos mayores intercambiar su piso en propiedad por otro adaptado con un doble objetivo: que aquellas, con domicilios carentes de ascensor y sin posibilidad de instalarlo, cediesen sus pisos a un plan de alquiler joven, mientras ellos se iban "de forma vitalicia" a un bajo accesible del nuevo desarrollo del Ensanche Sur.
Ahora, la actual administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) -que está en concurso de acreedores desde hace unos años- les reclama la devolución de los pisos adaptados, agarrándose al auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 que acuerda hacer una modificación puntual del Plan de Liquidación "para proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta".
Así se lo ha comunicado a los afectados alegando que, tras un auto de un Juzgado Mercantil, "se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta", ofreciéndoles dos opciones: tienen "el derecho" a que adquirir la propiedad de la vivienda de protección pública donde viven actualmente, cumpliendo las condiciones, o "regresar" a su piso en propiedad.
Ante esto, el Defensor del Pueblo subraya que son muchos los afectados por esta decisión, "familias formadas en su mayoría por personas mayores o con problemas de movilidad", los que no pueden afrontar el gasto o volver a sus antiguos pisos "porque están destrozados o son inaccesibles para ellos".
Por todo ello, la institución quiere conocer "los puntos más relevantes" del Plan Permuta y ha pedido una copia del modelo de contrato empleado en la firma recordando, además, que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga a controlar el funcionamiento financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
También, ha solicitado al Consistorio que envíe los informes en los que se recojan las verificaciones realizadas sobre el cumplimiento de la normativa y los principios de buena gestión financiera, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas para paliar las deficiencias detectadas.
En los últimos días, fuentes municipales pidieron "tranquilidad" a los afectados y recalcaron que ninguna de las personas se quedaría en la calle, bien sea porque opten por comprar la vivienda pública que habitan, "siempre por debajo del precio del mercado", o bien por recuperar su piso en propiedad, "que le sería devuelto en el estado original y libre de cargas".
Asimismo, afirmaron que, por parte del Consistorio, se han pedido unas aclaraciones al auto "para proteger la situación de estas personas", y que "se tomarán acuerdos ad hoc, personalizados", poniendo a disposición todos ellos los servicios jurídicos, así como la atención de Servicios Sociales "para cualquier duda".
