MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha recibido "un año más" un gran número de quejas relacionadas con las dificultades encontradas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid en su Informe Anual de 2019, presentado la semana pasada ante las Cortes Generales, entre las que destaca la "penosa" situación en la que viven los internos con enfermedades.
Este es el caso de un ciudadano marroquí que, a través de su letrado, solicitó la libertad al requerir asistencia médica continuada o su ingreso en un centro hospitalario, ya que padecía una insuficiencia venosa periférica en una pierna. Teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se encontraba en fase de tramitación y que el interesado había podido aportar vínculos familiares próximos que viven en España, el Defensor solicitó a través de una Sugerencia su puesta en libertad, que fue aceptada y el interesado puesto en libertad.
Asimismo, con motivo de las visitas realizadas en estos años, tanto a los CIE como a los CETI, han podido comprobar "con preocupación" que la situación permanece invariable y, en un número significativo de ocasiones, los facultativos de los centros de internamiento carecen de información médica completa de personas que han pasado meses en los centros o bien cuentan tan solo con un certificado médico que no describe los tratamientos seguidos en estos centros.
INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS
La institución dirigida por Francisco Fernández Marugán mantiene abiertas las actuaciones tras las alegaciones de malos tratos formuladas por internos, y que fueron trasladadas a la Fiscalía, con motivo de una visita no anunciada realizada en octubre de 2016. Unas de las diligencias abiertas fueron archivadas en marzo de 2019, al haber alcanzado firmeza el auto de sobreseimiento provisional dictado. Otras de las diligencias incoadas se transformaron en procedimiento abreviado y, en el momento de redactar este informe, seguían a la espera del señalamiento de juicio.
Se ha dictado sentencia absolutoria en el juicio por delito leve, que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2019, en relación con la denuncia de un grupo de internos que afirmaron haber sido objeto de malos tratos por parte de funcionarios de policía, en el transcurso de los incidentes producidos el 31 de julio de 2017.
En otra queja recibida por el Defensor se alegaba que el extranjero había sido conducido a una celda de aislamiento, en la que se le desnudó, sufriendo "insultos de índole racista y homófobos" por parte de los agentes intervinientes. En un primer momento, las diligencias previas fueron archivadas. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de archivo y acordó continuar la tramitación de la causa para la práctica de diligencias de investigación y la devolución de las actuaciones al juzgado.
Por otra parte, el pasado 31 de mayo el Juzgado de Instrucción número 19, con funciones de control del CIE de Madrid, dedujo testimonio por unos hechos que podrían ser constitutivos de delito de tortura. Una asociación que actúa en defensa de los derechos de los extranjeros dio traslado de su contenido al Defensor del Pueblo. Además, indicaba que, según el relato de los internos, se habían adoptado en abril de 2019 medidas de seguridad "desproporcionadas, con presunta violación del respeto a la dignidad y demás derechos fundamentales de las personas internas".
La Fiscalía General del Estado comunicó que, tras una primera resolución que acordaba el sobreseimiento provisional de la causa, por no existir suficientes indicios de delito, el fiscal interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación al entender que la conclusión de la instrucción había sido prematura y solicitó la práctica de diligencias para el total esclarecimiento de los hechos. Las actuaciones continúan abiertas.
SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
En otro orden de cuestiones, se informó al Defensor del Pueblo que se habían impartido instrucciones a todos los CIE para que se registraran las solicitudes de protección internacional en el libro de registro de peticiones y se entregara a los solicitantes un justificante. Sin embargo, en julio tuvo que reiterar la Recomendación por las dificultades encontradas, sobre todo en Madrid.
"La falta de acceso al procedimiento en los CIE no solo incumple las normas que rigen el procedimiento administrativo y la normativa de asilo, sino que puede poner en peligro la integridad de los internos que sean merecedores de protección internacional, en aquellos casos en los que se llegue a materializar la expulsión sin haber garantizado su acceso al procedimiento", señala.
Poco después, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras confirmó que el acceso al procedimiento estaba garantizado a través del punto de registro. Tras el auto dictado por el Juzgado de control de CIE, se ha ampliado el acceso al procedimiento a cualquier día del año. La petición se registra y se hace entrega al interno de una copia sellada.
La información sobre el procedimiento se facilita al ingreso mediante la entrega de un tríptico informativo y un acta de información, redactada en cinco idiomas. Los internos mantienen una entrevista reservada con personal de Cruz Roja, en la que también reciben información sobre asilo. La Administración considera que el acceso está garantizado, pues hasta agosto de 2019 se habían tramitado 239 solicitudes, lo que supone un 22 por ciento del total de internos.
