MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El número de denuncias por violencia machista han caído un 13,9 por ciento en Madrid durante el primer trimestre de 2020 como consecuencia de los meses de encierro por la crisis sanitaria del Covid-19, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
El estado de alarma ha repercutido en la actividad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, si bien ésta fue declarada esencial y no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada en ningún momento.
En relación con los datos del primer trimestre de 2019, el Observatorio señala que las cifras de estos tres primeros meses del año ponen de manifiesto que también se redujeron, en un 9,8 por ciento, el número de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer y los juzgados de guardia.
La disminución también se ha apreciado (13,1 por ciento) en las que fueron acordadas por los órganos judiciales madrileños, que representan el 50,60 por ciento del total de las solicitadas en el trimestre.
En cuanto a las sentencias, entre enero y marzo los órganos judiciales (juzgados de Violencia sobre la Mujer, juzgados de lo Penal y audiencias provinciales) dictaron un total de 1.180. Pese a la disminución en un 14,37 por ciento del número de sentencias, el porcentaje de resoluciones condenatorias ha sido del 57,51 por ciento, 3,6 puntos más alto que en el primer trimestre del año pasado, que fue del 54 por ciento.
5.575 DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid registraron en el primer trimestre de 2020 un total de 5.575 denuncias, un 13,9 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2019, en el que sumaron 6.472.
Dos de cada tres denuncias (3.999, 71,73 por ciento) fueron presentadas por la víctima, bien directamente en el juzgado (400, 7,17 por ciento) bien en comisaría (3.5994, 64,55 por ciento), una proporción que se viene manteniendo estable cada trimestre.
Los familiares de la víctima presentaron 93 denuncias, lo que equivale al 1,66 por ciento del total. Si bien sigue siendo una cifra baja, ha experimentado un leve aumento respecto al mismo trimestre de 2019.
En el periodo analizado, el número total de víctimas fue de 5.445, un 12,2 por ciento menos que en el mismo trimestre del año pasado. La tasa de víctimas de la violencia de género en la región de Madrid fue de 15,5 por cada 10.000 mujeres, mientras que hace un año fue de 17,7.
Por comunidades autónomas, la tasa más alta es la de las Islas Baleares, con 20,3 víctimas por cada 10.000 mujeres. También por encima de la media nacional se sitúan Murcia (19,8), Canarias (18,5), Andalucía (15,9), Madrid y Cantabria (15,2). Los territorios con una ratio más baja han sido Aragón (8,9), Galicia (9,8) y Extremadura y Castilla y León, ambas con 9,9.
DERECHO A LA DISPENSA
Las mujeres víctimas de la violencia machista que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar fueron 684 (12,56 por ciento del total), una cantidad alejada de la del primer trimestre de 2019, en el que fueron 839 y representaron el 13,52 por ciento del número total de víctimas.
De ellas, 357 eran españolas (6,55 por ciento del total de víctimas españolas registradas entre enero y marzo de 2020) y 327 (seis por ciento del total de víctimas extranjeras) tenían otra nacionalidad.
Siguiendo la tendencia de este primer trimestre del año, las órdenes de protección tramitadas por los órganos judiciales también han experimentado un descenso.
El número total de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer y los juzgados de guardia de Madrid ha ascendido a 1.267, 138 menos que en el primer trimestre de 2019 o, expresado en términos porcentuales, un 9,8 por ciento menos. Sin embargo, las órdenes de protección acordadas sumaron 641, cifra que representa el 50,59 por ciento del total. En el periodo analizado se adoptaron un 13,1 por ciento menos de órdenes de protección que hace un año.
Los juzgados de Violencia sobre la Mujer acordaron 579 órdenes de protección, un 48,9 por ciento de las 1.199 que les fueron solicitadas. Por su parte, los juzgados de guardia recibieron 121 solicitudes y acordaron 74 órdenes de protección (61,15 por ciento).
Los juzgados madrileños adoptaron también un total de 1.908 medidas civiles y penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares.
De las 1.440 acordadas en el ámbito penal, 548 correspondieron a órdenes de alejamiento; 569 a prohibición de comunicación y dieciocho fueron de privación de libertad. Respecto a las medidas civiles, 152 fueron de atribución de vivienda.
CONSECUENCIAS ESTADO DE ALARMA
Desde el Observatorio han señalado que "el descenso de las denuncias interpuestas por violencia de género demuestra la dramática situación que muchas mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del Covid-19".
"Un encierro junto a su maltratador en un lugar -el domicilio- donde se producen habitualmente los hechos delictivos; un escenario del miedo donde se consuman tres de cada cuatro asesinatos y que la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo ha descrito en recientes sentencias", señala.
Así, ha subrayado que "el confinamiento impuesto ha podido ser la causa que ha hecho aún más difícil para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades".
"El descenso de las solicitudes de órdenes de protección y demás medidas cautelares se corresponde lógicamente con la disminución de denuncias interpuestas; y el menor número de sentencias dictadas en esta materia encuentra su explicación en la suspensión de los plazos procesales, aun cuando la actividad jurisdiccional en esta materia fue declarada actividad esencial por el CGPJ", agrega el Observatorio .
Ángeles Carmona asegura que, con todo, hay datos que "permiten acreditar que el sistema institucional funciona y es cada vez más eficaz: el porcentaje de órdenes de protección acordadas por los órganos judiciales sube en relación al mismo trimestre del año anterior y el número de sentencias condenatorias es sensiblemente superior".
"Ello nos lleva a afirmar que la valoración del riesgo de las víctimas y la acreditación de los hechos en fase instructora y en el juicio oral va perfeccionándose y, en consecuencia, la víctima está mejor protegida. Las instituciones mantienen intactos sus esfuerzos para que estos delitos tan execrables no queden impunes", ha destacado.
