MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unos 67.000 profesores de la enseñanza pública y concertada madrileña verán reforzada su autoridad a partir de la próxima primavera, previsiblemente en el mes de marzo, cuando está previsto que entre en vigor la Ley de Autoridad del Profesor, que permitirá a los docentes adoptar medidas cautelares y respaldará sus actuaciones.
Así fue anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el día en que el Consejo de Gobierno, a finales de noviembre, acordó remitir al Consejo Escolar, y posteriormente a la Asamblea de Madrid, el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, con el fin de que sea debatido en la Cámara autonómica, votado y aprobado después con rango de Ley.
Un proceso que, según adelantó la presidenta, podría finalizar alrededor de marzo de 2010 para que a partir de entonces, los 50.000 profesores de centros públicos de la Comunidad y los alrededor de 17.000 de centros concertados adquieran la condición de autoridad pública, según el compromiso adquirido por Aguirre el 15 de septiembre, en el último Debate del Estado de la Región.
La futura Ley de Autoridad del Profesor pretende reforzar y respaldar la autoridad del personal docente de la enseñanza sostenida con fondos públicos y reconoce la presunción de veracidad a los informes y declaraciones que hagan en caso de conflicto, ya sea dentro del colegio o instituto, en actividades extraescolares educativas o en el transporte escolar.
Además, confiere potestad a los profesores de estos centros para adoptar medidas cautelares provisionales" contra el alumno que cometa faltas muy graves que alteren las normas de convivencia del centro, o contra los padres "que ataquen o contravengan" dichas normas, en tanto que la expulsión sigue siendo potestad exclusiva del director, según explicaron a Europa Press fuentes de la Consejería.
El Gobierno regional decidió finalmente introducir en esta futura Ley a los profesores de la enseñanza concertada al constatar que existían precedentes en la Comunidad valenciana, donde un decreto de convivencia escolar incluye a este colectivo "y no ha sido recurrido" en ningún caso.
En cuanto a los centros privados, la Consejería informó de que en el anteproyecto de Ley se ha introducido una disposición adicional que les otorga potestad para elaborar sus propias normas de disciplina, convivencia y funcionamiento, siempre y cuando "no contravengan las leyes generales de la Comunidad y del Estado".
La Comunidad, en principio, pensó con esta Ley de Autoridad en los profesores de Secundaria, porque, al haber superado oposiciones, tienen la consideración de funcionarios públicos. Sin embargo, se decidió ampliar a la educación Primaria a petición de la oposición, los sindicatos y de la enseñanza concertada, que solicitó acogerse a esta nueva normativa.
