La lucha entre estos dos aspirantes podría beneficiar al magistrado Jesús Gavilán, de la moderada Francisco de Vitoria
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Dos magistrados de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez y Gemma Gallego, se disputarán la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la marcha de Francisco Javier Vieira a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, han informado fuentes jurídicas.
Estos nombres, con relevancia mediática y perfiles políticos, son los que más suenan para dirigir el máximo órgano judicial autonómico de la Comunidad de Madrid, cuya designación tendrá lugar a finales de este mes por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La APM está instalada ya en la Presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid, con su recién presidente elegido Juan Pablo González, y en el Decanato de los jueces de Madrid, con María Jesús del Barco como decana.
Celso Rodríguez, de 56 años, es portavoz de la APM y presidente de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, mientras Gemma Gallego, de 56 años, ha sido vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y ahora es juez de enlace con Reino Unido.
Gallego es conocida por ser la instructora del caso del 'ácido bórico' cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.
En esta causa, anuló la imputación por falsedad que hizo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a los tres peritos que vinculaban en un informe a la banda terrorista ETA con los atentados del 11-M.
Sin embargo, según las mismas fuentes, la lucha entre estos dos candidatos conservadores podría beneficiar al magistrado Jesús Gavilán, de 66 años y de la moderada asociación judicial Francisco de Vitoria. Es el juez más veterano de los tres aspirantes.
Gavilán, con un perfil más técnico y menos político, es presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue el instructor del caso contra el exjuez Elpidio José Silva.
En su programa, propone una ventanilla única para que cualquier ciudadano de los 21 partidos judiciales de la región pueda resolver sus problemas con la Justicia.
