MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La expresidenta de Infancia Libre María Sevilla será juzgada mañana por el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid acusada por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores dentro de la causa penal abierta a instancias de su exmarido por hacer desaparecer en 2017 a su hijo cuando debía entregarlo por orden judicial a su padre.
La Fiscalía de Madrid solicita una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido eleva la solicitud a cuatro años y medio.
María Sevilla también estuvo inmersa en otra investigación abierta por la Fiscalía por la existencia de una supuesta trama criminal y que fue archivada al no haber "datos objetivos" para poder asegurar que Infancia Libre funcionaba como una organización ilícita.
Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2017 cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro dictó un auto en cuya virtud se acordó atribuir la guarda y custodia de un menor de diez años de edad a su padre.
La acusada debía proceder a la entrega del niño, en el plazo de dos días. Sin embargo, según el fiscal, "la acusada era plenamente conocedora de la indicada resolución judicial, luego confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid".
La mujer hizo caso omiso y se llevó consigo al menor, con la intención de "no entregarlo en ningún momento al padre, instalándose la acusada y el menor juntos en diferentes puntos de España, sin que nunca el padre del menor tuviera conocimiento del lugar en que éste se encontraba".
"La acusada ocultó su localización y la de su hijo menor, impidiendo con ello la acusada que el menor estuviera con su padre así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían", señala el fiscal.
Tras decretarse la detención de María Sevilla, la acusada y el menor fueron localizados el 30 de marzo de 2019 en una finca situada en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca, "practicándose por agentes de policía nacional la entrada en la misma con autorización judicial, lugar donde fue detenida la acusada, procediéndose inmediatamente a la entrega del menor a su padre, para dar cumplimiento a la resolución judicial"
El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid dictó un auto en abril de 2019 por el que prohibía a la mujer acercarse a su hijo, a menos de 200 metros, o a su domicilio, colegio o lugar de estudio, o donde
pudiera encontrarse transitoriamente.
Dicho auto fue reformado por otro de fecha 27 de junio de 2019, por el que se modificaba la indicada medida cautelar en el sentido de autorizar a la acusada las visitas al menor, supervisadas, en el punto de encuentro más próximo al domicilio del menor.
