MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación Panafricanista de España aseguró hoy que las agresiones a inmigrantes por parte de vigilantes de seguridad o guardias jurados no son "hechos aislados" sino un "constante abuso de autoridad manifiesta".
Según la asociación, el hecho de que Metro de Madrid considere que casos como los recogidos estos días, donde varios videos mostraban a vigilantes agrediendo e insultando a viajeros del suburbano, sólo supone "invisibilizar el problema del racismo".
En este sentido, indicó que una vez mas tanto Metro de Madrid, como Renfe y las empresas de seguridad "faltan a la verdad y se encubren con una clara falta de voluntad de combatir la impunidad de los guardias en general y muy en particular, la violencia con un tinte claramente racistas".
La Federación Panafricanista subrayó que lo que más le llama la atención es la impunidad con que Metro "ha silenciado" las denuncias "hasta el extremo que se intente justificar los hechos alegando que los agresores han causado bajo laboral". Sin embargo, señaló que no ha habido ninguna colaboración para que se instruyera causa penal alguna por agresión por ninguna de las partes implicadas.
A su juicio, calificar de casos aislados a las agresiones es un insulto a las víctimas de los "crímenes de odio" y puso como ejemplo el caso de Carlos Palomino, recientemente asesinado por grupos racistas. "Debido a esta tradición los miles de casos cuando llegan a los juzgados suelen ser archivados", apostilló.
La Federación recordó el caso de José Antonio Moula, ciudadano español de raza negra que fue "secuestrado" por un grupo de guardias jurados en la Estación de Atocha cuando se dirigía a la universidad y conducido a los Angares "donde fue brutalmente apaleado por estos guardias que además exhibían insultos y tatuajes nazis". Como consecuencia de la paliza, el joven pasó dos meses en el hospital y las secuelas provocaron su ingreso en un hospital psiquiátrico.
Según la organización, "fue un suplicio tratar de interponer una denuncia en la comisaría de Atocha, por lo que la víctima tuvo que irse a los juzgados de Plaza de Castilla. "Renfe se desentendió y aconsejó al guardia 'denunciar la negro por si acaso'. Nos consta que estos nazis-jurados siguen trabajando en esta empresa y jactándose de la paliza que le metieron al negro", apostillaron.
Otro caso sonado fue el de la abogada ecuatoguineana agredida en ejercicio de su profesión cuando, en 2004, cuando en el intercambiador de Aluche se acercó a preguntar a dos vigilantes qué es lo que estaba ocurriendo después de ver cómo estos increpaban e insultaban a voces a cuatro ciudadanos negros.
Los guardas jurados le respondieron "que abandonara el lugar y también España", porque gente como ella, los negros y los moros, son los que llegan a ensuciar el país". Cuando la abogada sacó una cámara y comenzó a fotografiar a los dos guardias fue rodeada por seis más que la agarraron por el cuello y la insultaron.
La Federación Panafricanista puso estas y otras situaciones ante el Defensor del Pueblo europeo, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ante UNESCO contra el racismo así como la Comisión europea ECRI.
En todas ellas, la Federación les ha mostrado la necesidad de mayor voluntad política y la importancia de aplicar la ley 62/2003 de los Crímenes de Odio de acuerdo con los criterios de la Conferencia Mundial de Durban (Naciones Unidas), los acuerdos de Chincha Perú 2006 y las directivas de la Comisión europea FRA.
