MADRID, 22 Jun. (MADRID) -
La Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS) ha solicitado al Defensor del Pueblo que, con relación al Real Decreto Ley 8/2010, por el que se han establecido las congelaciones de las pensiones de jubilación y los recortes de sueldo a los empleados públicos, plantee un recurso de inconstitucionalidad y solicite su suspensión cautelar, según informó hoy la federación en un comunicado.
FEMYTS, organización mayoritaria en la sanidad pública madrileña en representación de médicos y titulados superiores, pidió al Defensor del Pueblo, una de las instituciones acreditadas para plantear un recurso de inconstitucionalidad, que asuma con esa actuación la defensa de los "derechos atropellados por el Real Decreto" de distintos colectivos, "entre el que se encuentra el de los médicos y titulados superiores de la Sanidad pública".
Según la federación, "el decreto ordena la reducción de masa salarial de los empleados públicos con criterios de progresividad, tanto en retribuciones básicas como en las complementarias, siendo éstas últimas competencia de las Comunidades Autónomas", por lo que considera que "la norma vulnera sus competencias".
Asimismo, estimó que "la reducción se aplica únicamente a la condición de trabajador-funcionario, lo que constituye una discriminación por esa condición". Además, FEMYTS juzgó que "el Decreto Ley se aplica con retroactividad, algo contrario a los fundamentos del Derecho, ya que no congela salarios sino que reduce cuantías pactadas dentro de una negociación colectiva". FEMYTS aporta en este aspecto "distintas sentencias del Tribunal Supremo que constituyen en este aspecto jurisprudencia consolidada que no ha respetado el Gobierno".
La federación recordó que "antes de una decisión tan grave, como la tomada con los empleados públicos y pensionistas, habría que considerar que existen muchos focos de ineficiencia, injustificables cargos en el actual organigrama gubernamental, gastos y subvenciones millonarias", que tachó de "incomprensibles en una situación de crisis como la actual". En este sentido, valoró que esos gastos "podrían haberse suprimido antes de recurrir a complicarles la vida a pensionistas y funcionarios recortando sus salarios".
