Red Española de Inmigración reclama cuatro años a la líder y hasta dos años y medio a otros miembros de HSM
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión para la líder del colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid (HSM), Melisa Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de incitación al odio en relación con el ataque cometido el 22 de marzo de 2016 a la mezquita de la M-30 tras los atentados en Bruselas.
Los hechos se investigan a raíz de una denuncia de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ejerce como acusación particular en la causa. Esta parte reclama cuatro años de prisión para la procesada por desórdenes públicos e incitación al odio.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solo acusa a la líder del colectivo. Sin embargo, la juez amplió el procesamiento sobre otras once personas, sobre las que sí dirige acusación la acción particular. En este caso, pide penas de hasta dos años y medio de cárcel para las personas que participaron en la acción.
En el relato de los hechos, el fiscal expone que procede imponer a la acusada la pena de tres años de prisión y multa de 10 meses a razón de 10 euros por cuota diaria. Además, reclama que sea inhabilitada durante cuatro años para profesión u oficios educativos.
Según el fiscal, el colectivo colgó ese día tras los atentados una pancarta sobre la M-30 y en una zona próxima al Centro Cultural Islámico de Madrid, donde se ubica la mezquita. El texto rezaba: 'Hoy Bruselas, ¿Mañana Madrid?' y se incluía el emblema de HSM.
Tras ello, según el escrito, el grupo lanzó bengalas de humo y, a continuación, se dirigió a la mezquita donde profirieron insultos contra los musulmanes. Tras ello, colgaron imágenes de la acción en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía encaja esta acción en una "incitación a una reacción de odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia un colectivo muy concreto". "Esto es islamofobia", dice.
Con ello, según el fiscal, "se han producido múltiples comentarios islamófobos por su contenido vejatorio y de menosprecio hacia ese colectivo y generando un clima de clara hostilidad y violencia contra el mundo musulmán"
ACUSACIÓN PARTICULAR
Los hechos se investigan a raíz de una denuncia de la Red Española de Inmigración como acusación particular. Esta asociación inició este caso con una ronda de denuncias ante la Fiscalía Madrileña que, posteriormente, confluyeron en un caso ante el Juzgado número 9 de Madrid.
El archivo de los otros investigados fue recurrido por los servicios jurídicos de la Red puesto que consideraban que era "del todo inasumible e imposible que se estimen como delictivos hechos que necesitan obligatoriamente que participen varias personas para su comisión".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Red, Rafael Escudero, criticó entonces que el Ayuntamiento de Madrid rechazara las peticiones reiteradas de la organización para participar de la causa o coordinarse con ellos, "lo cual choca con el discurso a favor de los Derechos Humanos y contra la extrema derecha que promueve la ciudad".
También criticó que la Comunidad de Madrid no se persone como acusación particular en estos casos, como hacen en otros como los de violencia de género.
