MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado de Instrucción número 4 de Getafe que eleve al Tribunal Supremo (TS) la investigación del exalcalde de Getafe y actual senador por el PP, Juan Soler, en el conocido como caso Teatro, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto del Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas de Getafe cuando era regidor del municipio.
Así consta en el escrito del Ministerio Fiscal, fechado a 23 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, donde pide el procesamiento de más de una treintena personas entre actuales concejales del PP, que ahora están en la oposición, exaltos cargos del Ayuntamiento en la época de Soler, funcionarios y empresarios. Pide el sobreseimiento de otros doce investigados.
La Fiscalía pide que se investiguen las actuaciones para esclarecer si pudo haber delito de prevaricación administrativa, de fraude a la administración, de fraude entre particulares, de malversación, de intercambio de información privilegiada, alteración de precios de concurso público o tráfico de influencias.
En el escrito de acusaciones, como ha adelantado El Confidencial, el Ministerio Fiscal recuerda que Soler, en calidad de querellado, ostenta actualmente la condición de senador "debiendo en su caso el Juzgado elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
En este punto, destaca que "cuando la querella o la investigación que se lleva a cabo en un Juzgado se dirige contra varias personas, una de las cuales tiene la condición de aforado, es doctrina contante del TS que por el Juez de Instrucción han de practicarse las diligencias de instrucción que considere necesarias y en particular las que vayan dirigidas al esclarecimiento de la participación de los distintos
querellados o investigados en los hechos".
Añade que "sólo una vez que recaba indicios que pudieran incriminar a personas aforadas, siempre ante de la toma de declaración de los mismos, debe elevar Exposición razonada al órgano jurisdiccional de aforamiento, en el que se expresan los indicios en que pueda basarse dicha imputación".
Sobre Juan Soler, la Fiscalía destaca que en las primeras declaraciones en sede policial varios de los testigos apuntaban a la concesión, antes de que se produjera su licitación oficial, de los trabajos relativos a la construcción del nuevo Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe (CEPAAE).
De estos testimonios, se infirió que "el alcalde de la localidad era conocedor de las adjudicaciones por parte de GISA a la mercantil Vegas Arquitectura, desprendiéndose a su vez una relación, cuanto menos
laboral, con su administrador Julián Vegas Bodelón, y ejerciendo alguna
modificación a su proyecto".
SOLER, CONOCEDOR DE TODO
La Fiscalía entiende que Juan Soler era conocedor de todo el proceso, "teniendo en cuenta que este proyecto era uno de los pilares de la
legislatura" y que "dejó todo lo relativo a este proyecto en manos de la concejal de Urbanismo, en sus consejeros y los técnicos, más si cabe teniendo en cuenta el grado de implicación que tuvo, según se desprende de los correos electrónicos analizados, en otras licitaciones del Ayuntamiento como la construcción de varias escuelas infantiles o en la remodelación del Mercado Municipal".
Otro de los datos que hacen suponer a la Fiscalía que este investigado era no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también "era el impulsor", es el hecho de que las dos empresas adjudicatarias de los concursos relativos al CEPAAE, Vegas Arquitectura y DRAGADOS, "intercambiaran información de sus encargos llegando a tener influencia en ellos".
También destaca la Fiscalía que el empresario que resulta adjudicatario de la realización de los proyectos de dos escuelas infantiles quiera "departir sobre los pormenores de los proyectos, casi un año antes de su licitación oficial, con el propio alcalde alegando que fue este quien le fue a buscar a él, puenteando a
consejeros (Rudy o María Victoria) y a la concejal (Paz Álvarez)".
La Fiscalía entiende en su escrito que en el caso de haberse optado por un solo expediente en la concesión de los trabajos, "el precio del mismo habría superado los límites del procedimiento negociado sin publicidad, lo que determinaría que se debía convocar un concurso de pública concurrencia de empresas".
La investigación judicial por el caso 'Teatro' se generó a raíz de una denuncia del líder vecinal Roberto Benítez, uno de los fundadores del partido 'Impulsa Getafe'.
