MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha respaldado la actuación del Gobierno autonómico en el cese de la tutela de 19 subsaharianos que llegaron a sus sistemas de protección de menores mediante documentación presuntamente falsa, tras comprobar que su edad real superaba los 18 años.
Según ha informado la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) ha recibido el Decreto por el que se archivan las diligencias procesales sobre los citados casos, y avala el procedimiento empleado por este Instituto, mediante el cual, ante la presunta falsedad de los pasaportes que exhibían los interesados, se les practicaban pruebas radiológicas para determinar su edad.
En este sentido, la Fiscalía recuerda que la posibilidad de realizar pruebas radiológicas por parte de la Entidad pública de protección (el IMMF), así como la consideración como no documentado de las personas que pretendan acreditar su edad con documentación presuntamente falsa, "vienen recogidas en las Circulares 2/2006 y la Consulta 1/2009 de la Fiscalía General del Estado",.
Asimismo, el Decreto señala que en los 19 casos existían "dudas razonables" de la veracidad de los documentos, "lo que justificaba la realización de pruebas radiológicas" por parte de la Administración regional.
Así, el documento reconoce la buena actuación de la Comunidad al denunciar los pasaportes falsos a la autoridad competente y añade que "no cabe poner objeción alguna a la presentación por el IMMF de las correspondientes denuncias ante el Juzgado de Instrucción".
El Decreto también analiza el caso de un camerunés que, acompañado de la Fundación Raíces, acudió a la Fiscalía provincial de Madrid, quien decretó su ingreso en un centro de protección. Así, señala que "no resultaba precisa la intervención de la Fiscalía Provincial de Madrid, pues no se modificaba la mayoría de edad ya establecida previamente por la Fiscalía de otra provincia", y concluye que "una actuación más diligente hubiera dado lugar a una actuación más correcta de la Fiscalía Provincial".
Por todo ello, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha asegurado que todas las actuaciones desarrolladas por el Instituto del Menor y la Familia "se encuentran dentro de la total legalidad".
